Acción Colectiva ​

En los asuntos económicos y sociales es muy frecuente que los agentes (ya individuos, empresas o grupos) tengan intereses comunes. A menudo se ha supuesto que tal comunión de interese era suficiente para que surgiese de modo más o menos espontáneo en cada uno de los agentes de modo aislado el comportamiento adecuado para alcanzar el efecto agregado deseado. Así, no es infrecuente que en el análisis económico y social se personalice y singularice a los grupos y se hable del comportamiento de una clase social o de un grupo de consumidores o de empresas como si fuesen un solo agente. Sin embargo tal congruencia entre los comportamientos individuales y la acción colectiva requerida para alcanzar una finalidad común dista de estar garantizada, más bien todo lo contrario si se supone que los agentes actúan de modo racional persiguiendo sus propios intereses (véase homo oeconomicus). En efecto, en la medida que el objetivo común tiene las características de bien público, fundamentalmente que una vez conseguido resulta difícil o costoso impedir que nadie disfrute total o parcialmente de él, entonces los agentes tienen incentivos a “escaquearse” (comportamiento llamado de free-rider o del “gorrón”) a la hora de contribuir con sus recursos al fin colectivo, con la consecuencia lógica de que la existencia de una finalidad común no suscitará el comportamiento individual al nivel necesario para realizarla.

El impedimento a la acción colectiva que plantea la racionalidad individual egoísta no es absoluto sino que dependerá de cuatro circunstancias. En primer lugar, está el tamaño del colectivo. Es fácil darse cuenta de que conforme sea más pequeño el grupo, la acción colectiva tendrá más posibilidades de realizarse debido tanto a que la parte de los beneficios comunes que recae sobre cada agente es mayor, como a que es más fácil detectar los “escaqueos” y más simple entablar negociaciones entre los miembros para repartirse las cargas de la acción colectiva. A este respecto, merece la pena hacer mención a un resultado paradójico conocido como la “explotación de los grandes por los pequeños” que aparece cuando las demandas o valoraciones del objetivo común por parte de los agentes son distintas, de modo que los que más lo valoran tendrán un incentivo a realizar buena parte de la acción colectiva requerida motu proprio, aunque los demás no lo hagan pues se benefician de lo que hace “el grande”. En este caso, el reparto de las cargas de la acción colectiva es desproporcionadamente asimétrico penalizando a los que más la valoran. Esta paradoja de la explotación de los grandes por los pequeños se observa, por ejemplo, en la contribución diferencialmente más elevada a las alianzas militares que hacen los países más poderosos.

En segundo lugar, la acción colectiva depende de la capacidad del grupo de crear una estructura de incentivos selectivos, que recompensen o castiguen a los miembros del grupo según hayan asumido o no una parte de las cargas de la acción colectiva. Tal es el caso de los sindicatos de empresa en los países anglosajones cuando se organizan según lo que se conoce como “taller cerrado” (closed shop), situación en la que sólo los miembros del sindicato se benefician del mayor poder negociador del sindicato. Otros ejemplos lo son, la información, contactos y otras ventajas adicionales de las que se benefician los miembros de colegios profesionales, el castigo entre los grupos mafiosos a los que colaboran con la justicia, etc. Se señala a este respecto, que la capacidad de formar grupos de presión está en función de la capacidad de establecer una estructura de incentivos selectivos que, a su vez, en muchos casos suele depender del nivel educativo y de renta de los componentes, de modo que la acción colectiva tiene un sesgo a favor de los grupos de mayor renta. En tercer lugar, y en relación a lo anterior, la posibilidad de la acción colectiva dependerá también de la repetición de la interacción entre los componentes del grupo (véase dilema del prisionero), pues la permanencia y conexión del grupo puede permitir que se alcance la cooperación necesaria en la medida que los agentes son capaces de conocerse mejor, identificar a los infractores y generar el sistema de incentivos selectivos.

Finalmente, en cuarto lugar, la acción colectiva depende de la tecnología de la acción colectiva. El caso más simple es la de agregación, de modo que la acción colectiva es la suma de las acciones aisladas de los miembros del grupo. La agregación supone que la consecución del objetivo común puede ser mayor o menor dependiendo de cuántos agentes se comporten de modo adecuado. Un caso opuesto sería la llamada tecnología del “eslabón más débil”, en donde el resultado agregado depende del comportamiento unánime de todos los agentes, de modo que la acción colectiva fracasa si uno cualquiera (el eslabón más débil) no se comporta adecuadamente. El ejemplo prototípico es la del dique que frente a un río elevan los propietarios de las parcelas adyacentes. Basta con que uno de ellos no lo haga para que desaparezca para todos la protección contra las avenidas. El coste asociado a la defección personal hace que, para este tipo de tecnología, sea razonable esperar un menor impedimento a la consecución de la acción colectiva. Caso distinto es el de la llamada tecnología del “mejor disparo”, donde el resultado colectivo depende de modo exclusivo del agente que haga la mejor contribución, como sucede por ejemplo en la calificación de un grupo de tiradores deportivos en una competición en la que gana el equipo que logre el mejor disparo. Aquí, por el contrario, el logro de la acción colectiva encontraría más dificultades.

Quedarían fuera de consideración la importancia de la aparición de valores “morales” dentro del grupo que identifique como comportamiento adecuado el tendente a la acción colectiva y como condenable el opuesto. Se trataría éste de un factor en principio de naturaleza extraeconómica que potenciaría la acción colectiva, si bien hay economistas que explican los sistemas éticos y sus cambios en función precisamente de los problemas que presenta la acción colectiva.

Acelerador ​

teoría del comportamiento de la inversión en términos agregados según la cual en cada momento del tiempo ésta depende positivamente del crecimiento esperado de la renta: a mayor crecimiento esperado de la renta, mayores serán las expectativas de crecimiento de la demanda de los productos elaborados por las empresas y, por lo tanto, también mayores sus necesidades de capital físico para hacer frente a este crecimiento. Necesidades de capital que se intentarían cubrir mediante el aumento de la inversión. Supongamos que el stock óptimo de capital, K*, es proporcional al producto y que esta proporción permanece constante, es decir:

K* = α Y

Sean t y t-1 los subíndices que refieren las variables a los períodos t y t-1. Supongamos, adicionalmente, que el stock de capital óptimo ya se consiguió en el periodo t-1:

K* t-1 = α Y t-1

En ausencia de otros factores, el stock de capital deseado habría de crecer en el periodo t en la cantidad:

K* t - K* t-1 = α (Y t-1 – Y t )

La inversión del periodo, I t , dependerá de la “rapidez” con que los inversores quieran y puedan eliminar cualquier discrepancia entre el stock de capital real y el óptimo. Si se llama λ al coeficiente que traslada esa diferencia a inversión, se tendría:

I t = λ α (Y t-1 – Y t ) = v (Y t-1 – Y t )

donde I t mide la inversión neta en el periodo t y su valor positivo o negativo dependerá de la diferencia entre Y t-1 e Y t . Obviamente, la inversión explicada por el acelerador será negativa si la tasa de crecimiento es negativa. Las debilidades de la teoría de la inversión que aparece implícita en el principio del acelerador resultan evidentes. En primer lugar, la teoría del acelerador sólo explicará correctamente el comportamiento de la inversión en el caso en que las empresas no dispongan de capital instalado ocioso, esto es, si utilizan todo el capital con el que cuentan, ya que de otra forma tendrían capacidad para aumentar la producción sin necesidad de aumentar su capital (véase utilización de capital). En segundo lugar, para que se cumpla la teoría del acelerador hace falta que la inversión genere un rendimiento superior al coste de realizarla, esto es que el tipo de beneficio sea superior al tipo de interés. En tercer lugar, existen además otros muchos factores que influyen sobre la inversión como el estado de las expectativas, el ritmo de cambio técnico, etc. Finalmente, el coeficiente λ depende de circunstancias no explicadas por la teoría que incluyen elementos como las condiciones de oferta de la industria de bienes de equipo o las propias expectativas.

Actividad, tasa de ​

suma de la población empleada y la población desempleada con respecto a la población potencialmente activa (aquella que tiene entre 16 y 64 años). La tasa de actividad ofrece información sobre el grado de implicación de la población potencialmente activa de un país en el mercado de trabajo. Dentro de la UE la tasa de actividad toma valores que van del 80 % en Dinamarca a poco más del 60 % en Italia, diferencia que se explica fundamentalmente por el grado de participación de la mujer en el mercado de trabajo.

Actividades de búsqueda de rentas ​

concepto que englobaría todas aquellas acciones legales e ilegales, desarrolladas por los agentes económicos dirigidas a alcanzar una situación en la que obtienen unos ingresos mayores a los que les corresponderían por su aportación al sistema productivo y su participación como beneficiarios en el sistema de protección social. Las acciones de una empresa dirigidas a expulsar a competidores del mercado y convertirse en monopolio, la corrupción de funcionarios públicos que exigen dinero para realizar unos trámites administrativos, las presiones de una asociación de productores a favor del establecimiento de un arancel que reduzca la competencia exterior y aumente sus ingresos serían ejemplos de este tipo de actividades. Las actividades de búsqueda de rentas suponen desviar hacia acciones no socialmente productivas recursos económicos que podrían utilizarse para aumentar el bienestar de la población y por ello son una rémora al crecimiento.

Activo ​

cualquier “cosa” o stock que proporcione o dé derecho a su propietario a obtener un flujo de renta monetaria ya sea de forma real o imputada. Por ejemplo, una cuenta en un banco o unas acciones proporcionan intereses y dividendos a su propietario de un modo visible, en tanto que una vivienda es un activo que proporciona unos servicios a su propietario a los que se puede imputar un valor monetario que sería al menos igual al alquiler que podría obtener si, en vez de utilizarla directamente, la arrendara. La corriente de ingresos que recibe el propietario de un activo puede ser explícita (intereses, alquileres, dividendos, etc.) o implícita, adoptando en este caso la forma de una variación en el valor o precio del activo, es decir, como una ganancia de capital que no se realizará explícitamente, o sea, en términos monetarios, hasta el momento en que se que ese activo se venda. Los activos son más o menos líquidos en función de su relativa facilidad para transformarse en dinero, el cual es el activo líquido por excelencia. Todo activo es por esencia arriesgado puesto que el flujo de renta que proporcionará (si lo hace) en el futuro será siempre aleatorio pues nadie tiene la capacidad de predecir con certeza lo que sucederá. Así, el valor de una acción, o del oro, puede subir o bajar, nada asegura tampoco que un inquilino pagará el alquiler de una vivienda, y el banco donde una persona tiene depositado sus ahorros puede quebrar. Ni siquiera el atesoramiento del dinero, el “guardarlo en el colchón”, garantiza el mantenimiento de su valor pues la inflación afectará a su poder de compra. A este respecto, se llama rendimiento real de un activo a la corriente de renta real total que genera (incluyendo las ganancias o pérdidas de capital), es decir, a su rendimiento nominal menos la tasa de inflación que ha ido erosionando ese valor nominal. El rendimiento esperado o rendimiento ex ante de un activo es el valor esperado o promedio de su rendimiento, que es en general distinto a su rendimiento efectivo, aquel que realmente proporciona y que sólo se podrá conocer en el futuro. Aceptando que todos los activos son arriesgados, resulta sin embargo evidente que unos lo son más que otros. Se habla así de activos libres de riesgo para referirse a aquellos que proporcionan una corriente de renta real o de servicios que se conoce casi con certeza (por ejemplo, dado que es difícil imaginar que un Estado importante y estable, quiebre o sufra una revolución, podrán considerase libres de riesgo los bonos del Tesoro que ese Estado emita). Los rendimientos esperados varían de unos activos a otros, el que exista mercado para los activos con rendimientos esperados más bajos que los que ofrecen otros activos sólo se puede explicar porque la demanda de un activo depende no sólo de su rendimiento esperado sino también de su riesgo no diversificable (véase riesgo). La demanda de un activo cuyo rendimiento esperado es menor que otro se explicaría porque su riesgo es inferior (véase análisis media-varianza).

Actualización ​

proceso mediante el que se hace que cuenten en las decisiones que se toman en el presente los beneficios o costes que se estima sucederán en el futuro como consecuencia de esas mismas decisiones. El proceso de actualización recibe también el nombre de descuento. Los individuos, por lo general, no son indiferentes entre tener una determinada renta real hoy a tener esa misma cantidad de renta dentro de un año; la prefieren hoy. Una actitud achacable ya sea al riesgo de muerte, ya a la noción de que en el futuro tendrán más renta que hoy, por lo que, como consecuencia del supuesto de que la utilidad marginal de la renta es decreciente, la utilidad marginal de una unidad de renta en el futuro será menor de la que tendría hoy, o bien finalmente a una simple predilección por el presente sin otra justificación. El caso es que esa impaciencia les lleva a los individuos a preferir disponer de una renta hoy a disponer de ella en el futuro, o lo que es lo mismo les lleva a pedir que a cambio de no poder disfrutar de esa renta hoy se le devuelva en el futuro con un interés. Dicho a la inversa, una determinada cantidad de renta futura vale hoy, actualizada o descontada, una cantidad menor. Si el tipo de interés real de mercado es r a un año, y un consumidor está dispuesto a no disfrutar de un euro hoy, ese euro valdrá (1+r) dentro de un año, y (1+r)(1+r) = (1+r) 2 dentro de dos años ( si el tipo de interés en el segundo año es igual al del primero), y así sucesivamente. Esto significa, a la inversa, que el valor actual o descontado de un euro de dentro de un año es 1/ (1+r), y el de un euro de dentro de dos años sería 1/(1+r) 2 , y así sucesivamente. En general, una corriente o flujo de rentas (A, B, C, D...) que se va a obtener a lo largo de n periodos tiene un valor descontado o actualizado igual a:

A/(1+r) + B/(1+r) 2 +C/(1+r) 3 + ....+ N/(1+r) n

bajo el supuesto de que los tipos de interés anuales permanecen constantes. El mecanismo de la actualización o del descuento es extremadamente útil a la hora de decidir si realizar una inversión hoy en la compra de nuevo capital. Éste tiene un coste de adquisición pero a cambio genera un flujo de beneficios monetarios que se extiende a lo largo de su vida económica y técnica útil. La decisión de invertir dependerá entonces de si el valor actual de la corriente de beneficios futuros supera o no al coste de adquisición, o dicho de otra manera, de si el valor actual neto (es decir, contando los costes de adquisición y de otro tipo que se pudieran producir en el futuro) o VAN de la inversión es positivo o no:

VAN = -C + π 1 /(1+r) + π 2 /(1+r) 2 +π 3 /(1+r) 3 +....+ +π n /(1+r) n

donde C es el coste de adquisición del capital y π i (i= 1,2,3..,n) son los beneficios reales de cada periodo. El problema se plantea a la hora de elegir la tasa de descuento r. El tipo de descuento que se elija dependerá de los destinos alternativos que el inversor podría dar a su dinero, dado que si el inversor no invirtiese en ese proyecto podría lanzarse a otro que rindiese otra corriente de beneficios reales distinta. La inversión que decide realizar tiene pues un coste de oportunidad que es precisamente el rendimiento perdido en la mejor alternativa. El suponer, como se ha hecho hasta ahora, que el tipo de descuento era igual al tipo de interés real de mercado es por lo tanto únicamente adecuado si la inversión realizada produjese una corriente de beneficios futuros enteramente segura, de modo que la alternativa a una inversión de esas características sólo fuese la de mantener el dinero en una cuenta o la compra de un bono que ofrezca una seguridad similar, y es por ello por lo que el coste de oportunidad de la inversión (o sea, el tipo de descuento a aplicar) tendría que ser, en este caso, el tipo de rendimiento que se obtendría en la inversión alternativa, es decir, el tipo de interés. Ahora bien, para la mayor parte de inversiones reales que hacen las empresas no se puede predicar esa misma certeza en cuanto al flujo de beneficios futuros, que son sólo esperados o previstos. Para tomar en cuenta el riesgo que corre el inversor un procedimiento habitual es elevar la tasa de descuento que se usa para calcular el VAN incorporando una prima por el riesgo al tipo de interés libre de riesgo para reflejar la idea de que los inversores tienen aversión al riesgo, por lo que los flujos de rentas futuras en los proyectos arriesgados valen menos que los de los proyectos seguros. El problema, de nuevo, es cuál ha de ser esa prima de riesgo, y la respuesta depende del tipo de riesgo que el inversor corre. Si el riesgo es diversificable o no sistemático, no habría que incluir ninguna prima de riesgo puesto que como el inversor puede eliminar este tipo de riesgo, nadie le pagará por correr con un riesgo que no es necesario correr. Si el proyecto de inversión tiene un riesgo no diversificable o sistemático, el coste de oportunidad de invertir en él es mayor que el tipo de rendimiento libre de riesgo, y habrá que incluir una prima. Un método para averiguar a cuánto debe ascender esa prima es el llamado modelo de la fijación del precio de los activos de capital (MPAC) que mide la prima de riesgo de una inversión concreta comparando su rendimiento esperado (al que llamaremos r i ) con el rendimiento esperado de todo el mercado de valores (al que llamaremos r M ). Si se invirtiese en un fondo de inversión que contuviese acciones de todas las empresas, la inversión estaría diversificada con lo que sólo se correría el riesgo no diversificable o sistemático, que es el que afecta conjuntamente a todas las empresas y que depende de la marcha de la economía en general. Si llamamos r S al tipo libre de riesgo, (r M - r S ) representaría por tanto la prima de riesgo, el rendimiento extra respecto a una inversión segura que ha de ofrecer el fondo de inversión para atraer a inversores. Ahora bien, el riesgo no diversificable que se corre por invertir en una empresa concreta, por adquirir parte de su capital, puede medirse en función del grado en que el rendimiento del activo tenderá a estar más o menos correlacionado con el rendimiento de todas las empresas en conjunto: si el rendimiento del activo se mueve a la vez que el de todas las empresas, la prima de riesgo sería igual a la del mercado ya que el riesgo no diversificable de esa inversión en concreto sería nulo, mientras que si se mueve de modo más amplio (o más atenuado) que el rendimiento de todo el mercado, su prima de riesgo debería ser mayor (o menor) que la del mercado, puesto que el inversor correría un riesgo mayor (o menor) que el inversor que invierte en todo, el mercado por ejemplo a través de un fondo. El MPAC resume esta relación en la siguiente ecuación:

(r i - r S ) = β (r M - r S )

que señala que la prima por riesgo de una inversión en un proyecto concreto es proporcional a la prima por el riesgo del mercado. La constante de proporcionalidad β se la conoce como la beta del activo y mide la sensibilidad del rendimiento de un activo concreto a las variaciones del mercado, y, por lo tanto, su riesgo no diversificable. Puesto que el valor de beta se puede calcular por procedimientos estadístico, el tipo de descuento que debe utilizarse para calcular el VAN de un proyecto de inversión, sería:

r i = r S + β (r M - r S )

Acumulación ​

aumento del stock de capital físico (maquinaria, infraestructuras, etc.) disponible para producir bienes y servicios. La acumulación es una de las vías de crecimiento económico, ya que la disposición de más equipo de capital aumenta la capacidad de producción. Hay que señalar, sin embargo, que la acumulación de capital no es estrictamente condición necesaria para que se asista a un proceso de crecimiento económico, ya que la capacidad productiva puede crecer también gracias el incremento del stock de capital humano y al cambio técnico. Tampoco la acumulación de capital físico es condición suficiente para el crecimiento, pues para que éste se produzca hará falta que exista la demanda efectiva suficiente que permita utilizar la mayor capacidad productiva derivada de la acumulación de capital. En las sociedades avanzadas se puede decir que, en términos generales, la cantidad de capital, esto es, la acumulación, no actúa como restricción al crecimiento, ya que la utilización del capital instalado suele ser inferior a su utilización potencial, esto es, el capital está operativo menos tiempo del que podría estarlo técnicamente. El concepto de acumulación es similar al de inversión en el sentido de que la inversión, cuando es superior al desgaste del capital existente, da lugar a un proceso de acumulación.

Ad valorem ​

se está en presencia de un impuesto indirecto ad valorem si éste se expresa como un porcentaje del precio del bien o servicio sobre el que se establece, por lo que su recaudación crece cuando se incrementa el valor de mercado del bien o servicio de que se trate. Ejemplos de impuestos ad valorem serían el IVA y, en general, todos los impuestos sobre las ventas. Otros impuestos indirectos son impuestos específicos que gravan cada unidad del bien o servicio que se intercambia en una cantidad determinada independientemente de su valor y, los impuestos de cuota fija cuya carga fiscal es constante independientemente de la cantidad o el valor de la producción.

Adicción ​

los comportamientos adictivos han sido objeto de la atención de los economistas por dos razones. En primer lugar, por su propio interés intrínseco en la medida que algunas actividades adictivas, fundamentalmente de tipo negativo como la ludopatía o las toxicomanías, son materia de preocupación pública por sus efectos individuales y sociales. En segundo lugar, porque el estudio de los patrones de conducta habituales y adictivos se ha revelado útil para explicar la congruencia interna de los modelos de comportamiento económico que quedaban demasiado “abiertos” en la medida en que no entraban en el análisis de la formación de los gustos y preferencias de los individuos (aplicando el conocido dictum de que “de gustibus non est disputandum”).

A la hora de analizar el comportamiento adictivo, el primer paso consiste en definir qué es un patrón de conducta habitual. Siguiendo el modelo de “adicción racional” de Gary Becker (Nobel de Economía de 1992) y Kevin Murphy, se define un comportamiento habitual como aquel resultante de la existencia de una relación positiva entre el consumo en el presente y el consumo que se hizo en el pasado, es decir, que los bienes de consumo habitual serían aquellos en los que hay una relación de complementariedad en el tiempo de modo que un mayor consumo en el pasado aumenta el consumo que se hace en el presente. Ello quiere decir que un bien de consumo es habitual si el incremento en el consumo en el pasado aumenta la utilidad marginal del consumo que se hace de ese bien en el presente. A la hora de explicar el desarrollo de un hábito en un individuo racional, junto con este factor, que se conoce en la literatura como efecto refuerzo, concurren otros dos. Por un lado, está la tasa de descuento de los niveles de utilidad futuros. Así, sólo los individuos miopes o con tasas de descuento intertemporal muy elevadas dejarían de tomar en cuenta las consecuencias sobre su nivel de utilidad futuro que se seguirán de su consumo en el presente de un bien habitual. Por otro, el desarrollo de un hábito depende también de la tasa de depreciación de la contribución del consumo pasado a la utilidad del presente, de modo que conforme esa tasa de depreciación sea más elevada más fuerte será el hábito.

Un hábito se convierte en una adicción para un individuo cuando es tan fuerte que llega a ser desestabilizante, es decir cuando el comportamiento o el consumo del bien de que se trate crece continuadamente. En todo hábito o en toda adicción se da, como se ha indicado, el efecto refuerzo, es decir, el efecto positivo del consumo pasado sobre la utilidad marginal del consumo presente, pero ello obviamente no significa que ocurra lo mismo con la utilidad o bienestar total. Así, un hábito o una adicción es negativa o dañina si un aumento de consumo en el presente hace decrecer la utilidad total que se obtiene del consumo futuro; lo contrario se daría, obviamente, para un hábito benéfico. Es por ello que alguien con un hábito negativo tiene una mayor tendencia a convertirlo en una adicción ya que tenderá a consumir cada vez más para así mantener el mismo nivel de utilidad (el fenómeno de la tolerancia o la habituación) o para evitar el malestar asociado a la ausencia de consumo (síndrome de abstinencia). Una vez “enganchados” los individuos experimentan un fenómeno de disonancia: sufren y lamentan los efectos negativos que en el presente tiene el consumo que hicieron de la sustancia adictiva en el pasado a la vez que racionalmente siguen consumiéndola para restablecer sus niveles de utilidad. Para los bienes adictivos, es necesario distinguir entre la demanda a corto y la demanda a largo ya que en tanto que una caída no esperada y sostenida en el tiempo en su precio no tendrá mucho impacto en la demanda dado que no altera el consumo pasado, no ocurre lo mismo con el consumo en el largo plazo en la medida que el consumo se incrementa continuamente aunque la respuesta inicial haya sido pequeña. En lo que respecta a la lucha contra las drogodependencias esta diferencia entre las elasticidades a corto y a largo plazo de la demanda de bienes adictivos arroja serias dudas sobre la efectividad a largo plazo de las políticas de legalización del mercado de drogas adictivas prohibidas, puesto que el argumento a su favor descansa no sólo en la reducción de los costes sociales que tal política supone (disminución en la delincuencia, en la marginación social de los toxicómanos, etc.) sino también en que la caída de precios asociada a la legalización no aumentará en medida apreciable la cantidad demandada, lo cual como se ha indicado dista de estar garantizado.

Frente al modelo de adicción racional descrito se han levantado voces críticas que señalan que los adictos muestran formas de reversión de preferencias y debilidad de voluntad difícilmente conciliables con el modelo de racionalidad perfecta en la medida que: (1) revelan inconsistencias de tipo dinámico, presentes, por ejemplo, cuando un individuo que se enfrenta a la elección entre una remuneración baja a corto plazo –la que proviene de consumir una sustancia adictiva- frente a una remuneración más alta a largo plazo –los beneficios de abstenerse de hacerlo- optará por la segunda alternativa cuando el momento de la elección se sitúa lejano, pero cambia a la primera conforme el momento de decisión se acerca, (2) muestran una incapacidad de calcular la utilidad total o agregada que se sigue de muchas elecciones distribuidas en el tiempo; y (3) reflejan la importancia de la presión social de conformarse con los patrones de conducta del grupo social al que pertenecen.

Agente ​

véase relación de agencia

Ahorro ​

ingresos no gastados en el período de referencia. Según sea el agente económico que realiza el ahorro se habla de ahorro personal, ahorro empresarial y ahorro del sector público. El ahorro, junto con los préstamos procedentes del exterior, compone el flujo de fondos que se encuentra a disposición de los que piden préstamos para financiar sus gastos. Las motivaciones para ahorrar son distintas para los distintos agentes. En el caso del ahorro personal, el ahorro es tanto un sistema para protegerse con respecto a contingencias futuras no previstas, como un mecanismo que permite hacer frente en el futuro a la compra de bienes de consumo duraderos como vehículos o viviendas, cuya adquisición exige un desembolso superior a las posibilidades de los consumidores a corto plazo, algo que además se verá facilitado por el hecho de que, frecuentemente, el ahorro está remunerado. El ahorro es, pues, un mecanismo para acumular riqueza. Un crecimiento en su valor real ya sea por aumento en los precios de mercado de sus componentes o bien por caída en el nivel de precios general de la economía o por una combinación de ambos procesos, puede hacer decrecer el ahorro (proceso conocido como efecto riqueza) en la medida que los agentes podrían estimar que ya tienen suficiente riqueza acumulada. Dado que el ahorro personal es el remanente que le queda a las unidades domésticas tras realizar sus decisiones de consumo, los modelos explicativos de esta clase de ahorro y las variables de que puede depender se deducen directamente de las teorías explicativas del consumo.

Por su parte, el ahorro empresarial consiste en las amortizaciones (si el ahorro se define en términos brutos) y la parte de los beneficios que retiene la empresa, esto es, aquella que no reparte en forma de dividendos. El ahorro empresarial constituye una de las vías posibles para financiar la inversión de las empresas. Aunque bajo determinadas circunstancias –Teorema de Modigliani y Miller- el valor de una empresa sería independiente de su estructura de capital (esto es, de la forma en la que financien sus inversiones, ya sea mediante endeudamiento, ampliación de capital o utilización de los beneficios retenidos o autofinanciación), la introducción de supuestos más realistas sobre la existencia de costes de transacción o el aumento del riesgo de quiebra en caso de endeudamiento excesivo, pueden explicar que las empresas opten por financiar parte de su inversión mediante la autofinanciación. Una opción que así mismo reduce su dependencia de las instituciones de crédito y que les permite no agotar sus posibilidades futuras de ampliación de capital.

Por último, el ahorro del sector público, definido como ingresos ordinarios menos gastos totales o saldo presupuestario público, es una variable de política económica, en el sentido de que la presencia de ahorro público positivo supondrá una detracción de la demanda efectiva, y por lo tanto reflejará una política fiscal contractiva. La existencia de déficit público, por el contrario, supondrá que el sector público no puede cubrir sus gastos totales con los ingresos ordinarios de los que dispone, y por lo tanto equivaldrá a una situación de desahorro.

Las tasas de ahorro toman valores muy distintos entre países, dependiendo de su situación económica puntual y de su idiosincrasia –hay culturas más frugales que otras. Por ejemplo, en 2002 en Estados Unidos la tasa de ahorro bruto (expresada como porcentaje del PIB) era tan sólo del 14,6 %, mientras que en España era del 22,8 % y en Corea alcanzaba el 29%. Esa baja tasa de ahorro en Estados Unidos se explica por la presencia de un déficit público abultado, el 3,8 % del PIB, y un ahorro personal de tan sólo el 2 % (en términos netos), de lo que se deduce que en este país prácticamente todo el ahorro es ahorro empresarial.

La importancia del ahorro radica en su papel de condición necesaria para que una sociedad pueda dedicar recursos a la inversión, con el consiguiente aumento del capital disponible y crecimiento de la renta. Precisamente, este es el papel del sistema financiero: el canalizar el ahorro realizado por unos agentes económicos (ya sean empresas, particulares o administración pública) hacia aquellos otros que necesitan unos recursos de los que no disponen para poder llevar a cabo sus planes de inversión. En una economía cerrada, que no pueda contar con el ahorro exterior para financiar su inversión, sin ahorro, esto es, sin una liberación de recursos de la producción para el consumo para dedicarlos a producción de bienes de inversión, no será posible la inversión y por lo tanto el crecimiento sostenido.

Ahora bien, en una economía abierta pueden darse, y de hecho se da de forma habitual, situaciones en las que el ahorro es inferior a la inversión, desequilibrio que se manifiesta mediante un saldo exterior negativo. Esto es, el resto del mundo, por así decirlo, estaría cediendo parte de su ahorro para que ese país en cuestión pudiera invertir por encima de lo que está ahorrando. Y a la inversa, cuando un país exporta más que lo que importa es que estará ahorrando más de lo que invierte, financiando por lo tanto el exceso de inversión sobre ahorro del resto del mundo.

Una vez reseñada la importancia del ahorro, hay que hacer hincapié en que de nada sirve el ahorro si no hay agentes que lo movilicen trasformándolo en inversión. Todo lo contrario, el aumento del ahorro sin el correspondiente aumento de inversión se traducirá en la caída de la demanda efectiva y la consiguiente reducción de la producción y el empleo (véase paradoja del ahorro). Para los economistas neoclásicos una situación como la descrita nunca se produciría, pues el mecanismo de ajuste del mercado financiero garantiza que la inversión se iguale siempre al ahorro ex-ante, esto es que la cantidad que los ahorradores planean ahorrar coincida con las cantidades que las empresas planean invertir. Este ajuste se produciría gracias a los movimientos del tipo de interés. De esta forma, si aumenta el ahorro, la abundancia de fondos prestables para financiar proyectos de inversión provocará: (1) la caída en el tipo de interés (el precio al que se prestan tales fondos) y el consiguiente aumento de la demanda créditos para financiar la inversión, al ser el coste de financiación –determinante del volumen de inversión- inferior, y (2) la reducción del ahorro fruto de la caída de su remuneración. Estos movimientos se mantendrían hasta que se alcanzara el tipo de interés que igualara ahorro e inversión. Para los economistas keynesianos, sin embargo, este ajuste ex –ante no tiene porque producirse ya que la inversión depende de otros factores, además del tipo de interés, como son las expectativas sobre la demanda futura, que pueden afectar a su respuesta ante hacer una caída del tipo de interés. Desde esta óptica, el ajuste ahorro-inversión se produciría sólo ex –post mediante el siguiente mecanismo: (1) al ser el ahorro mayor que la inversión se producirá una situación de falta de demanda efectiva, que conducirá a una caída en la renta y al aumento del desempleo, (2) la caída de la renta repercutirá en una reducción del ahorro, (3) el proceso se repetirá hasta que el ahorro asociado al nuevo nivel de renta coincida con la inversión, esto es, el ajuste se produce ex-post en términos de magnitudes reales pero no en términos de magnitudes previstas o planificadas.

Ajuste, proceso de ​

las condiciones de oferta y demanda varían continuamente en todos los mercados, en consecuencia las posiciones de equilibrio son transitorias y lo habitual es que los mercados estén en desequilibrio. Ahora bien, estos desequilibrios no son estáticos sino que manifiestan un dinamismo que se conoce como procesos de ajuste: procesos de cambio en las cantidades intercambiadas y en los precios que definen la estabilidad o inestabilidad del equilibrio de un mercado y que no serían sino la plasmación de las conocidas comúnmente como leyes de la oferta y la demanda. A la hora de estudiar el proceso de ajuste en un mercado de competencia perfecta es necesario distinguir el cómo se lleva a cabo del quién se encarga de hacerlo. Respecto a lo primero, o sea, la cuestión del cómo opera el procedimiento de ajuste, hay que hacer referencia a dos tipos de mecanismos según cuál sea la variable instrumental a través de la que se produce el ajuste: el mecanismo marshalliano walrasiano (a partir de los trabajos de M. E. Leon Walras, 1834-1910), y el (a partir de los de Alfred Marshall, 1842-1924). En el caso del primero, el mecanismo walrasiano, se supone que la variable que responde más rápidamente a una situación de desequilibrio y que pone en marcha el proceso de ajuste es el precio. Así, por ejemplo, si las condiciones de demanda o de oferta en un mercado se alteran de modo que al precio existente la cantidad que se demanda es mayor que la que se ofrece, se tendría una situación de exceso de demanda. En este caso el procedimiento de ajuste operaría mediante la subida del precio en ese mercado por lo que, consiguientemente, la cantidad demandada iría paulatinamente decreciendo a la vez que el precio más alto incentivaría el aumento de la cantidad ofrecida por parte de los oferentes. El exceso de demanda decrecería paulatinamente. El proceso de ajuste finalizaría cuando se alcanzase un nuevo equilibrio definido como la situación en que en el mercado se da un precio para el que no existe ningún exceso de demanda. Si, alternativamente, la ruptura del equilibrio se hubiese traducido en que para el precio inicial la cantidad demandad fuese más pequeña que la ofrecida, se tendría una situación de exceso de oferta para ese precio. El mecanismo de ajuste walrasiano exige en este caso que el precio descienda. Conforme lo hiciese, la cantidad demandada crecería a la vez que la cantidad ofrecida tendería a disminuir, y en consecuencia también se enjugaría el exceso de oferta. El ajuste continuaría hasta que se alcanzase un precio para el que el exceso de oferta despareciese. Es fácil comprobar de modo gráfico que si la curva de oferta de un mercado es creciente y la de demanda decreciente, el mecanismo walrasiano de ajuste engendra las fuerzas necesarias para que se restablezca el equilibrio si por cualquier causa se ve alterado. Lo mismo sucedería aun si la curva de oferta fuese perfectamente elástica (oferta ilimitada para un precio dado) o incluso decreciente, siempre que en este caso la curva de demanda fuese menos inclinada (tuviese menor pendiente) que la de oferta.

Frente al mecanismo walrasiano está el mecanismo marshalliano. Este mecanismo de ajuste sería el que entraría en acción caso de que, en un mercado, la respuesta de los precios fuese más lenta que la de la cantidad intercambiada, de modo ésta se convierte en la variable a través de la que se efectúa el ajuste. La idea de Marshall es que, en un mercado, se pueden definir dos posiciones de desequilibrio. En la primera, la cantidad intercambiada está en desequilibrio porque los vendedores están dispuestos a ofertarla a un precio menor del que los compradores están dispuestos a pagar por ella. Se tendría consiguientemente una situación de exceso de precio de demanda, la información que este desequilibrio de precios transmite a los oferentes es que la cantidad que ponen en el mercado es muy escasa dada la demanda, en consecuencia los oferentes están dispuestos a aumentar sus ventas. Ahora bien, por un lado, si la curva de oferta es creciente los oferentes, para hacerlo, han percibir precios más altos; por otro lado pasa que conforme aumenta la cantidad ofertada los compradores ven cada vez más satisfechas sus necesidades con lo que cada vez estarán dispuestos a pagar precios más bajos. La suma de estos dos efectos lleva por tanto a la disminución del exceso de precio de demanda. El nuevo equilibrio se alcanzaría para un nivel de cantidad intercambiada para el que el exceso de precio de demanda fuese nulo. Si, por el contrario, el desequilibrio inicial se caracterizase porque la cantidad que se intercambia en el mercado es tal que el precio que piden los oferentes por ella es mayor que el precio que están dispuestos a pagar los demandantes tendríamos un exceso de precio de oferta. En este otro caso, los vendedores no podrán obtener el precio que piden por su oferta por lo que se verán obligados a disminuirla. Conforme así lo hiciesen, el mercado dejaría de estar tan saturado, los compradores estarían dispuestos a pagar un precio más alto, a la vez que la disminución de la producción supondría ahorros en los costes y la posibilidad de ofertar a precios más bajos. El exceso de precio de oferta iría así disminuyendo hasta que se alcanzase una nueva situación de equilibrio definida por aquel nivel de cantidad intercambiada para el que el precio de oferta coincide con el de demanda, o sea, un exceso de precio de oferta nulo. Si la curva de oferta de un mercado es creciente y la de demanda decreciente, el mecanismo marshalliano permite definir al mercado como estable en el sentido de que, gracias a él, cualquier alteración del equilibrio inicial engendra fuerzas que lo contrarrestan. Lo mismo pasaría si la curva de oferta fuese perfectamente elástica o aún si fuese decreciente siempre que sea menos inclinada que la de demanda. Obsérvese que si la curva de oferta es decreciente pero de pendiente menor que la de demanda, el mecanismo walrasiano de ajuste es inestable, en tanto que el marshalliano es estable. Si, por contra, la curva de oferta es decreciente pero de pendiente más pronunciada que la de demanda, el proceso de ajuste de Walras es estable en tanto que el de Marshall desequilibraría aun más al mercado una vez fuera de su posición de equilibrio.

Pero el estudio del proceso de ajuste no se limita a cómo se lleva a cabo. Queda la cuestión de quién lo lleva adelante. Ello no plantea demasiados problemas si el mercado no es de competencia perfecta, pues si así fuera algún o algunos de los agentes que actúan en él tendrían capacidad para alterar los precios. Pero la cuestión se convierte en una auténtica trampa lógica si analizamos el caso de un mercado de competencia perfecta, pues aquí ningún agente puede fijar o alterar el precio ya que todos los agentes son precio aceptantes. Y si tal cosa ocurre, ¿quién es quien sube o baja los precios para ir acercándose al equilibrio, dado que nadie tiene capacidad para hacerlo? Enfrentándose a esta cuestión, Walras imaginó la existencia de un “ente” exógeno al mercado al que llamó subastador, su tarea era precisamente la de cambiar los precios. Lo que haría sería ir “cantando” precios en un proceso denominado tâtonnement o tanteo, observando para cada precio si la cantidad demandada era igual o diferente a la cantidad ofrecida. Caso de que la cantidad demandada casase con la ofrecida, permitiría que se efectuasen los intercambios, caso de que no, se negaría a ello; y procedería a “cantar” otro precio con arreglo a la lógica del proceso de ajuste que lleva su nombre. Otro economista, Francis Y. Edgeworth (1845-1926), quizás insatisfecho con el recurso a ese deus ex machina que es el subastador, imaginó otro procedimiento para sortear la dificultad al que se conoce cono recontratación. Con arreglo a este sistema, los agentes económicos que participan en un mercado tienen siempre la posibilidad de renegociar los acuerdos de intercambio a que hubieran podido llegar, de modo que sólo son firmes aquellos acuerdos que se alcanzan cuando ningún agente a los precios vigentes tiene un exceso de oferta o de demanda. Antes de que se llegara a esa situación, y al igual que sucedía en el tâtonnement ningún intercambio tendría lugar. Obviamente, en la realidad de los mercados, ni hay subastadores walrasianos, ni los procesos de recontratación se llevan hasta el extremo imaginado por Edgeworth antes de que los intercambios tengan lugar. Enfrentados, pues a esta dificultad lógica, los economistas han buscado una salida consistente en señalar que dado que todo el problema arranca en que la información de que disponen los agentes en los mercados no es perfecta, el proceso de ajuste ha de concebirse en función del modo en que estos forman sus expectativas respecto a las condiciones que regirán en el futuro en un mercado. En efecto, el problema del desequilibrio y del proceso de ajuste es, en último extremo, un problema de información imperfecta, ya que si hay un desequilibrio en un mercado ello sólo puede deberse a que los agentes no conocen cuál es el precio de equilibrio, pues de otro modo, si lo supiesen, no perderían el tiempo tanteando ni recontratando ni buscando a tientas el precio de equilibrio sino que directamente intercambiarían al precio de equilibrio de las nuevas condiciones de oferta y demanda. Pero los agentes no disponen de esa información, por lo que su actuación viene conformada en función de lo que esperan que vaya a ocurrir en el futuro. Tal cosa resulta evidente en el caso de los oferentes, ya que dado el normal lapso temporal que requiere el proceso de producción, han de decidir el nivel de producción que van a llevar al mercado en función de los precios esperados. La discusión del proceso de ajuste se retrotrae, pues, al procedimiento de formación de expectativas que siguen los agentes. Si, por ejemplo, los productores forman sus expectativas de modo adaptativo, el proceso de ajuste puede dar lugar al conocido como ciclo del cerdo o teorema de la telaraña. Si, por contra, lo que se supone que los agentes definen sus expectativas de modo racional, el ajuste es inmediato, se vuelve a la posición de equilibrio de modo instantáneo, y el modelo se asemeja al de información perfecta. Entre estos dos extremos cabe cualquier procedimiento de formación de expectativas, y correspondientemente, cualquier mecanismo de ajuste. Diferentes estructuras informacionales que definan el nivel de conocimiento de los agentes darán lugar a diferentes procesos de ajuste y diferentes posiciones de equilibrio. El equilibrio único, consecuentemente, desaparece (véase equilibrio general).

Ajuste macroeconómico ​

conjunto de medidas necesarias para que los niveles de gasto, ahorro y producción de una economía sean tales que posibiliten una situación sostenible en su balanza de pagos, es decir, aquella en la que cualquier déficit de la balanza por cuenta corriente pueda ser financiado por entradas de capital normales. Para conseguir este resultado, el FMI suele recomendar un paquete de medidas compuesto por una devaluación del tipo de cambio y unas políticas fiscales y monetarias contractivas (véase consenso de Washington). En la práctica lo anterior supone reducir el déficit público, a menudo mediante la reducción de los gastos sociales y la subvención a productos de primera necesidad, y consecuentemente reducir el nivel de actividad económica, generando, al menos a corto plazo, un aumento del desempleo y de la desigualdad social. Todo ello con la esperanza de que una vez recuperado el equilibrio exterior y de las cuentas públicas se ponga en marcha un proceso de crecimiento económico equilibrado, en el sentido de no generar un déficit exterior insostenible.

Altruismo ​

si entre las variables de las que depende positivamente la utilidad de un agente económico se encuentra el nivel de renta (o los niveles de consumo de algún o algunos bienes o el nivel de bienestar) de Otro u otros agentes, se dice que sus preferencias son altruistas. El altruismo se plasma entonces en unas curvas de indiferencia decrecientes entre, por ejemplo, los niveles de renta propia y los niveles de renta del Otro, de modo que un altruista estaría dispuesto a renunciar a parte de su renta a cambio de que el Otro tuviese más. El grado extremo del altruista es aquel en que la renta propia y la del Otro son perfectamente sustituibles a una tasa de uno a uno a los ojos del altruista (las curvas de indiferencia serían líneas rectas con una pendiente de 45o). El altruismo puede ser unidireccional, donde el donante da sin pensar en ninguna contraprestación, o recíproco, donde la donación de un agente será probablemente recompensada de alguna manera posteriormente, ya que da origen o forma parte de una cadena o entramado de regalos, aunque tal reciprocidad dista de ser obligatoria. A este respecto, no hay que confundir la reciprocidad con el intercambio de mercado. En este último hay simultaneidad en el intercambio así como obligatoriedad de dar a cambio de recibir y equivalencia entre lo dado y lo recibido. El altruismo plantea algunos problemas asociados a su modelización que provienen del hecho de que un altruista que sea racional ha de ser, paradójicamente, egoísta en el sentido de comportarse tratando de maximizar su propia utilidad (en la que influiría la utilidad o la renta de los demás). Dicho con otras palabras, nada impide que un homo oeconomicus pudiera ser altruista, y la existencia de homo oeconomicus altruistas es la única justificación posible, desde el punto de vista de la eficiencia, a las alteraciones en la distribución de la renta. Este tipo de cambios en la distribución de la renta se ajustarían a las llamadas redistribuciones óptimas de Pareto (que no son, por otra parte, sino formas de la caridad) pues beneficiarían tanto a los receptores de renta como a los altruistas donantes, y satisfacerían por tanto el criterio de mejora paretiana. No obstante, a efectos de obviar confusiones de carácter lingüístico se suele mantener que para ser un auténtico homoeconomicus no basta con perseguir egoísta y racionalmente los propios intereses, sino que estos, además, han de estar “autocentrados”, es decir, que las preferencias de un auténtico homo oeconomicus han de ser neutrales respecto a los niveles de renta o bienestar de los demás.

Una economía de mercado sería totalmente inviable en un mundo de altruistas plenos. Como señaló Robin Matthews, “si estoy vendiéndote una casa y tu bienestar cuenta para mí tanto como el mío cuenta para ti, entonces el precio es un asunto enteramente indiferente para ambos: 10000$ para ti, 10000$ para mí. ¡Qué más da entonces cuál sea el precio! Como resultado el precio no es una auténtica señal de mercado”. Pero si el altruismo extremo es incompatible con el mercado ¿Cabe, sin embargo, imaginar una “economía basada en las donaciones” y por tanto no de mercado”? ¿Qué pasaría con una economía de altruistas puros en la que los bienes y los servicios se transfiriesen mediante donaciones o regalos? Pues que en tal economía aunque todos y cada uno quisiesen promover el bienestar de los demás compartiendo sus bienes y dándoles sus recursos (como su propio trabajo), el problema sería saber qué dar, a quién darle y cómo. Sin la existencia de señales que indiquen qué donaciones hacer de cada cual a cada cual se corre el riesgo de acabar en una situación no deseable. Dicho con otras palabras, aunque el altruismo extremo puede resolver eficientemente el problema motivacional, plantea fuertes dificultades a la hora de enfrentarse al problema informacional. Que cada uno supiera qué necesitan todos los otros se convertiría en una cuestión absolutamente necesaria en esta sociedad de altruistas, y no se dispondría de ningún medio de bajo coste que los indicase. Tal ineficiencia con seguridad se agudizaría conforme la sociedad fuera más amplia y compleja, por lo que no será previsible esperar que unos niveles altos de altruismo se den, por estrictas razones de eficiencia, más allá de grupos pequeños, simples o cerrados (familias, grupos de amigos, sociedades poco “desarrolladas” económicamente). A la inversa, de lo anterior también se deduciría que el crecimiento económico, con el desarrollo concomitante del mercado, la división del trabajo y las relaciones cada vez más complejas y anónimas entre los agentes económicos, conduciría a la paulatina desaparición de los grupos simples, estables y aislados en donde cabe pensar que podría florecer el altruismo.

Sin embargo, esta visión no es enteramente cierta. Por un lado, el altruismo cumple funciones muy importantes en una economía de mercado donde la ubicua presencia de fallos de mercado representa un serio impedimento a su eficiencia. Así, por ejemplo, los problemas que supone la información asimétrica (selección adversa, riesgo moral, relación de agencia) en que se desenvuelve buena parte de las transacciones en una sociedad compleja resultan atenuados por la existencia de comportamientos benevolentes o altruistas que ayudan a difundir la necesaria información y reducir los costes de transacción. El comportamiento altruista es, por otro lado, una de las fuentes para la acumulación de capital social al que cada vez se asigna más importancia a la hora de explicar el crecimiento económico y el bienestar social. Por otro lado, el tipo de preferencias opuesto al altruismo es la envidia y el comportamiento malevolente a que da lugar. Envidia que también cuenta en los grupos pequeños y sociedades tradicionales con un caldo de cultivo extraordinariamente apropiado para su desarrollo. Usando un modelo de teoría de juegos evolucionista, puede mostrarse cómo lo socialmente conveniente desde el punto de vista evolutivo es la coexistencia de cierto grado de preferencias altruistas y envidiosas. Supongamos que se enfrentan dos tipos de preferencias y sus comportamientos característicos: el altruista benevolente y el envidioso malevolente. Cada vez que dos agentes malevolentes se relacionen, cada uno tratará de perjudicar al otro con el peor resultado para ambos. Cada vez que un envidioso malevolente se relacione con un altruista benevolente le engañará y éste saldrá perdiendo. Por el contrario, cuando dos benevolentes se encuentren se producirá el resultado que podemos calificar de pacífico. La matriz de pagos de este juego de relación entre estrategias puede describirse entonces como:

A-B     E-M
A-B     (3,3)   (2,4)
E-M     (4,2)   (1,1)

Donde A-B representa la estrategia altruista-benevolente, y E-M la envidiosa- malevolente. Los pagos están ordenados cualitativamente de modo que 1 representa el resultado menos deseado, 2, el siguiente, y así sucesivamente hasta 4 que es el mejor resultado. El rendimiento medio o esperado de la estrategia A-B, RMe (A-B), dependerá del porcentaje (p) de veces que un agente con estas características interaccione con otro con una estrategia del mismo tipo y del porcentaje (1-p) de veces que interaccione con alguien con una estrategia E-M, y lo mismo para el rendimiento esperado o medio de la estrategia E-M, RMe (E-M):

RMe (A-B) = p . 3 + (1-p) 2 = p + 2
RMe (E-M) = p. 4 + (1-p) 1 = 3 p + 1

Obsérvese que RMe (A-B) supera a RMe (E-B) hasta alcanzar el equilibrio evolutivamente estable, lo que sucede cuando ambos rendimientos son iguales. Dados los números utilizados en la matriz de pagos, siempre que p sea menor que 1⁄2 el rendimiento medio del altruismo es superior al de la envidia. El equilibrio se alcanza para un valor de p igual a 1⁄2, es decir cuando la mitad de loa agentes (o la mitad de las veces) se comportan como altruistas y la otra mitad lo hacen como envidiosos malevolentes. Quizás podría entenderse este resultado, en el sentido de que los individuos en el equilibrio no serían ni altruistas ni envidiosos, sino neutrales, confirmando así de modo indirecto el modelo de homo oeconomicus que utiliza el análisis económico. Finalmente, y siguiendo en esta línea especulativa, puede argumentarse que el equilibrio evolutivamente estable alcanzado no sería un óptimo social, que exigiría un nivel de altruismo más elevado (aunque ese óptimo no sería un equilibrio estable), justificando así la habitual crítica a las economías de mercado en términos de que adolecen de un déficit de solidaridad y de comportamientos altruistas.

Amortización ​

Se denomina así a la parte de los ingresos de las empresas que va a compensar el desgaste (depreciación) del capital utilizado en el proceso productivo. El uso, sin embargo, no es la única fuente de depreciación del capital, ya que éste puede quedar inutilizable simplemente por la aparición de nuevos procedimientos de producción más eficientes (véase obsolescencia). En la medida en que esos fondos no están sujetos a impuestos, las empresas normalmente tienden a amortizar tan rápidamente como pueden el capital instalado, independientemente de su duración real.

Análisis ​

coste-beneficio técnica de apoyo a la toma de decisiones, fundamentalmente en el sector público, que se basa en la valoración y contabilización en términos monetarios de todos los costes y beneficios sociales y económicos asociados a la realización de diferentes proyectos de inversión o actuación en áreas donde o bien hay fallos del mercado o bien es el estado quien asigna los recursos. El análisis coste-beneficio, ACB, permite así comparar proyectos sobre una base común: su eficiencia social definida por el tamaño de la diferencia entre los beneficios y los costes. Dos son los principales problemas asociados a la realización de este tipo de ejercicios de evaluación. El primero es que, en general cualquier proyecto dura más de un periodo, ello obliga a la hora de evaluar la eficiencia de un proyecto a actualizar o descontar los costes y beneficios que se espera ocurran en periodos futuros. El problema que se plantea aquí es elegir la tasa de descuento más apropiada. Existen dos enfoques distintos respecto a cuál debe ser esa tasa de descuento social. El primero defiende que la tasa de descuento social ha de ser la llamada tasa marginal social de preferencia temporal, TMSPT: la tasa a la que la sociedad está dispuesta a ceder consumo presente a cambio de consumo futuro y que por tanto refleja la preferencia de la sociedad por los beneficios presentes sobre los que se darán en el futuro. La TMSPT será menor que el promedio de las tasas de preferencia temporal privadas ya que en las tasa de preferencia temporal privadas aparece el factor “riesgo de muerte”, que no se da para la sociedad a la que puede considerársele inmortal, lo que da lugar a que no se refleje en la debida medida, la preocupación por las generaciones futuras. Se plantea aquí el problema de la llamada justicia intergeneracional, dado que por un lado, el uso de tipos de descuento positivos puede desplazar las cargas de los costes sobre generaciones futuras que nada han tenido que ver en la decisión (por ejemplo, los costes futuros de un proyecto de mantenimiento de un basurero de residuos radioactivos parecen pequeños cuando se descuentan para expresarse en valor actual); y, por otro, y a la inversa, el uso de un tipo de descuento igual a cero puede discriminar a los proyectos que ofrecen unos resultados más elevados si se reserva el capital acumulado para uso de las generaciones futuras.

El segundo enfoque considera que la tasa social de descuento ha de ser la llamada tasa marginal social de rendimiento de la inversión, TMSRI, la tasa a que, de modo efectivo, la sociedad puede transformar los recursos presentes en futuros. Este enfoque descansa en el concepto de coste de oportunidad, y su idea es que no se produzca una situación ineficiente en la que se lleve adelante un proyecto público que rinda un 5%, por ejemplo, y que por ello se deje de realizar un proyecto privado que rinda un 10%. El problema con este segundo enfoque es que la comparación entre rendimientos de las inversiones públicas y privadas ha de hacerse sobre una base común, ya que el coste de oportunidad privado del capital es distinto a su coste de oportunidad social, que sería la auténtica tasa de descuento que habría que utilizar, por la presencia de factores como: (1) los efectos externos, que típicamente no se tienen en cuenta en las decisiones de inversión privadas, lo que en general, puede elevar ineficientemente la rentabilidad privada, y (2) la consideración del riesgo en los proyectos privados, que hace elevar el tipo de rendimiento requerido, pero cuya importancia o consideración ha de ser mucho más baja para los proyectos públicos cuyo efecto conjunto puede reducir el rendimiento privado de la inversión.

En general se tiene que TMSPT < TMSRI, y no existen razones de suficiente peso para abogar por una u otra tasa de descuento social. El segundo gran problema que afecta al ACB es que normalmente algunos costes y beneficios asociados a los recursos usados en un proyecto no se pueden conocer directamente pues o no hay mercado para ellos (por ejemplo el aire limpio, el ahorro en vidas, el aumento en los niveles de salud), o bien son intangibles (costes o beneficios psicológicos o sociales), o bien su precio no refleja su auténtico coste marginal pues el mercado en que se intercambian no es perfectamente competitivo, hay efectos externos u otras distorsiones (como los impuestos y las subvenciones, el desempleo, etc.) por lo que, para contabilizarlos adecuadamente, hay que proceder a estimar su valor en ausencia de esas distorsiones, su auténtico valor social conocido como precio sombra. Para los elementos para los que existe mercado, la elaboración de sus precios sombra requiere la corrección del precio de mercado para dar cuenta de las externalidades, desviaciones de la competencia perfecta y existencia de impuestos y subsidios. Así, por ejemplo, en presencia de desempleo en alguna ocupación, el coste de oportunidad social de emplear un trabajador de esa cualificación no es el salario que se le paga sino una cantidad mucho más reducida que se aproxima al valor del ocio que pierde ese trabajador antes desempleado. Para aquellos otros bienes y recursos para los que no hay mercado, por lo que no cabe partir de ninguna valoración directa a la que recurrir, se han elaborado tres métodos de valoración indirecta. El primero se conoce como método de la disponibilidad a pagar y en él la valoración resulta de la pregunta hecha al público de cuánto estaría dispuesto a pagar si hubiera mercado del bien intangible que se trata de valorar (o si se trata de un mal que acompaña al proyecto, qué cantidad habría que dársele para compensarle). El segundo se conoce como el método de las valoraciones implícitas. En este caso el precio sombra buscado aparece implícito en el comportamiento de los agentes económicos Por ejemplo, de la observación del comportamiento del pasajero cuando elige entre dos formas de viaje, una más lenta usando un autobús y otra más rápida yendo en taxi, es posible deducir el valor del ahorro del tiempo a partir de la diferencia de coste entre ambos medios de comunicación, lo que resulta de inestimable ayuda a la hora de evaluar monetariamente las ganancias en tiempo de los proyectos de mejora en economía del transporte. Finalmente, un tercer método es el del capital o el de los llamados precios hedónicos. Aquí se evalúa un efecto intangible de un proyecto por la alteración que sufre el precio de los activos a los que afecta. Un ejemplo sería el aire puro consecuencia de un proyecto antipolución cuya valoración se haría en relación a la revalorización que causa en el precio de las viviendas de una zona colindante. Ni qué decir tiene que siempre hay una cierta medida de discrecionalidad en estas estimaciones, pero a efectos pragmáticos puede argüirse que es mejor tener una estimación que no tener ninguna siempre que se describa con claridad cómo se ha llegado a ella.

Una forma de mitigar estos problemas es realizar distintos análisis con supuestos distintos de valoración de aquellos costes y beneficios no directamente cognoscibles con la finalidad de saber al menos el peso que tienen esas estimaciones divergentes en la evaluación final (proceso conocido como análisis de sensibilidad). Pese a estos métodos de valoración indirecta, habrá beneficios y costes intangibles (referidos usualmente a efectos psicológicos de los proyectos) que se resistan a una valoración siquiera aproximada. En tal caso el ACB sólo podrá dar cuenta de su presencia como información suplementaria en el proceso de toma de decisiones respecto a los proyectos por parte de los decisores últimos. Finalmente, dado que los beneficios y costes de un proyecto pueden afectar diferencialmente a distintos individuos, es necesario tomar una decisión acerca de las consecuencias distributivas del mismo. De no hacerlo, es decir si se suman los costes y los beneficios tal cual sin contar sobre quienes recaen, ello equivale a aceptar la distribución actual de la renta como la apropiada. Si, por el contrario, el analista pretende valorar de forma diferencial los efectos del proyecto según sobre quienes recaigan, podrá hacerlo ponderando esos efectos, ponderaciones que serían la expresión de otros posibles criterios distributivos (véase equidad, justicia)

Análisis media-varianza ​

el modelo general de elección en situación de riesgo basado en el enfoque de la utilidad esperada es el más apropiado a la hora de estudiar la forma en que un agente “coloca” su riqueza entre los diferentes activos arriesgados que le ofrece el mercado. Sin embargo, bajo supuestos especiales, el análisis media-varianza, AMV, ofrece una aproximación útil, si bien parcial, del problema reformulándolo en términos similares al del problema de elección del consumidor. El supuesto básico del AMV consiste en simplificar la función de utilidad del agente en situación de riesgo como una función que depende de sólo dos argumentos: el rendimiento medio o esperado de la “cartera” o conjunto de activos en que el agente coloca su riqueza y el riego que corre al así hacerlo, definido como la volatilidad del rendimiento de la cartera medida por la desviación típica de su rendimiento real. La aversión al riesgo se plasma entonces en que las curvas de indiferencia que reflejan las preferencias del consumidor en el espacio de los rendimientos medios de la cartera y su desviación típica son crecientes, es decir, que para que el agente sea indiferente un aumento del riesgo de su cartera habrá de venir asociado con un crecimiento de su rendimiento medio. Supongamos que un agente puede invertir su riqueza o sus ahorros en dos activos: uno seguro como son las Letras del Tesoro que casi están exentas de riesgo y un grupo representativo de acciones, es decir, en un fondo de inversión. Sea r S el rendimiento real y esperado del activo seguro, y sea r M el rendimiento esperado del grupo de acciones o rendimiento esperado del mercado, obviamente r M > r S , pues caso contrario los inversores con aversión al riesgo no comprarían ninguna acción de rendimiento variable. El rendimiento medio de la “cartera”, r C , del agente dependerá de la proporción (b) de su riqueza que el agente dedica a comprar acciones y de la proporción (1-b) que dedica a comprar letras del tesoro:

r C = b r M + (1-b) r S

A continuación, el riesgo de la “cartera” se mide por la desviación típica de su rendimiento, σ C , que dado que el rendimiento del activo seguro no varía es igual a:

σ C = b σ M ; b = σ C /σ M de donde:

                                               (rM - rS )
rC = (σC /σM ) rM + (1-(σC /σM ) ) rS = rS + ------------ σC
                                                  σM

siendo σ M la desviación típica del conjunto de activos del mercado. Esta ecuación define una recta presupuestaria en la medida que expresa la disyuntiva a la que se enfrenta el inversor entre el riesgo, σ C , y el rendimiento esperado, r C , de modo que el rendimiento esperado de la cartera crece conforme aumenta el riesgo. Al cociente [(r M - r S ) /σ M ] se le conoce como precio del riesgo, en la medida que muestra el riesgo adicional debe asumir un inversor a cambio de un aumento en el rendimiento esperado de su cartera. La forma de las curvas de indiferencia de cada inversor, que expresan su valoración relativa del rendimiento esperado y el riesgo, junto con la restricción presupuestaria recién definida definen su posición de equilibrio allí donde una curva de indiferencia sea tangente a la restricción, es decir, el agente realiza la elección óptima de los niveles de rendimiento esperado y desviación típica, lo cual determina la composición de la cartera óptima. Obsérvese que la formulación de la restricción presupuestaria, y por consiguiente, el precio del riesgo, es igual para todos los inversores independientemente de su nivel de riqueza. Ello implica que el nivel de riqueza no influye en la composición relativa de la cartera óptima, por lo que con arreglo al AMV, la composición de la cartera de dos agentes con diferentes niveles de riqueza pero con el mismo grado de aversión al riesgo será igual.

Animal spirits ​

a largo plazo, uno de los motores básicos de una economía es la inversión de las empresas, que amplía la capacidad de producir de la sociedad, incorpora las innovaciones desarrolladas en los centros de investigación y permite explotar nuevas fuentes de riqueza. Aunque se pueden identificar muchos factores que explican el comportamiento de la inversión, en última instancia ésta depende del “instinto” de los empresarios que, en un momento dado, “ven” o, mejor, sienten que hay una oportunidad de inversión o que no la hay. Con el concepto de animal spirits, Keynes hace referencia a ese componente intuitivo, casi instintivo, que estando presente en la mente de los empresarios resulta sin embargo no modelizable pues está al margen del cálculo racional, y que hace tan difícil predecir el comportamiento de la inversión.

antitrust, legislación ​

con este término genérico se abarca todo el conjunto de leyes de distinto rango promulgadas con la finalidad de impedir la aparición o consolidación de comportamientos contrarios a la competencia en los mercados. Desde la promulgación en Estados Unidos de la primera ley antitrust, la Ley Sherman de 1890, que castiga los intentos de monopolizar el mercado, todos los países se han dotado de algún tipo de legislación antitrust. Las leyes de defensa de la competencia actúan en dos frentes distintos: vigilando que la fusión de empresas que operan en un mismo sector no reduzca los niveles de competencia del mercado, y velando para que no se produzcan acuerdos, como la fijación conjunta de precios entre las empresas que operan en un sector, que limiten la competencia, y no se creen artificialmente barreras a la entrada de nuevas empresas al sector. En la medida en que en muchos mercados las grandes empresas cuentan con ventajas a la hora de producir eficientemente, puede existir tensión entre el objetivo de permitir que haya empresas grandes capaces de aprovechar las economías de escala, y el objetivo de garantizar la existencia de un número mínimo de empresas que garantice la competencia (véase política de competencia).

apertura, tasa ​

indicador del grado de integración de un país en la economía mundial. La tasa de apertura se define como la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios con respecto al PIB, y se expresa normalmente en porcentaje. La tasa de apertura toma valores muy distintos según los países, así, por ejemplo, en Estados Unidos, un país grande y donde el sector exterior tiene un peso menor en su economía, la tasa de apertura es del 26 %, mientras que en los Países Bajos es del 125%, en Irlanda de 175% y en España del 62%.

aprendizaje, curva de ​

la curva de aprendizaje hace referencia al hecho comprobado empíricamente en muchos procesos productivos, de que las necesidades de mano de obra para producir una unidad del bien final son decreciente con el volumen acumulado de bienes producidos. El concepto de curva de aprendizaje, desarrollado por Theodore P. Wright en 1936 a partir del estudio de costes de una planta de ensamblaje de aviones, es sencillo pues simplemente supone que la repetición de una misma operación por parte de un trabajador derivará en una mejora del conocimiento de la tarea y por lo tanto en una reducción del tiempo necesario para realizarla en el futuro (véase división del trabajo). La existencia de este fenómeno tiene implicaciones sobre la competencia de un sector, ya que en los casos en que exista y sea pronunciada las empresas potencialmente entrantes se encontrarán con una desventaja de costes al tener que competir con empresas con experiencia en la producción del bien y por lo tanto con unos costes de mano de obra pr unidad de producto inferiores.

Arancel ​

impuesto ligado a la importación que genera un encarecimiento de los bienes producidos en el exterior en relación a los producidos internamente. Aunque en sus orígenes los aranceles estuvieron motivados por la necesidad de los monarcas de obtener ingresos, con el desarrollo de la economía de mercado pronto se convirtieron en un sistema para proteger a los productores nacionales de la competencia exterior. El arancel eleva artificialmente el precio de los productos importados por lo que permite subsistir a empresas nacionales que tengan unos costes de producción más elevados que los de las empresas que producen en el exterior. El análisis económico de tipo más estático concluye que un arancel que grave la importación de un bien tiene un coste en términos de eficiencia para los ciudadanos que se mide por la suma del excedente del consumidor perdido en las unidades que deja de consumir por la subida del precio más el coste de oportunidad de los recursos empleados en incrementar ineficientemente la producción nacional por encima del coste de comprar el bien en el mercado internacional. No obstante, se puede defender que, en determinadas circunstancias, los aranceles pueden servir para proteger a las industrias nacientes y permitir su desarrollo. Unas industrias que en ausencia de protección, no habrían podido crecer hasta alcanzar el necesario nivel de eficiencia productiva (véase comercio estratégico) debido a la competencia exterior. El problema, sin embargo, es como garantizar que la protección no se traduzca precisamente en todo lo contrario, en la consolidación de empresas ineficientes al no contar con el acicate de la competencia. En todo caso, en la actualidad en la UE la mayoría de productos industriales no tienen arancel o lo tienen muy bajo, siendo la protección media del 3,5 %. Otra cuestión son los productos agrícolas, con un nivel de protección mucho más alto.

arrastre, efecto ​

ejemplo de externalidad positiva en la función de demanda individual que se manifiesta en que la demanda de un bien ya no dependería solamente de su precio, del de los demás bienes y de la renta monetaria del individuo en cuestión, sino también de la cantidad que agregadamente se consume. Aparecerá un efecto de arrastre siempre que se observe una situación en la que cada individuo desea más de un bien conforme más es comprado por el resto de los consumidores, ya sea para parecerse a ellos -como sucede con la moda- o por el mayor el partido o utilidad que el individuo le saca al bien que compra según aumenta el uso que hacen los demás -como sucede por ejemplo con el uso de Internet- (véase externalidad de red). Formalmente, se tendría que la función de demanda de un bien Q sería:

Q = F (P, Q)

F 1 = (δF /δP) < 0 (por ser la curva de demanda decreciente respecto a su propio precio) F 2 = (δF /δQ) > 0 (por efecto arrastre)

donde P es el precio y Q representa la cantidad comprada del bien Tomando la diferencial total de la función de demanda, se tiene

d Q = (δF /δP) dP + (δF /δQ) dQ = F 1 dP + F 2 dQ
de dónde:   (d Q / dP) = F 1 / ( 1- F 2 )

Es decir que la curva de demanda de mercado de un bien para el que existe un efecto arrastre tiene una mayor elásticidad que en su ausencia pues la caída en su precio tiene dos efectos superpuestos: el efecto precio habitual más el efecto arrastre. Este efecto puede ser tan fuerte como para hacer que pueda haber algún tramo en que la curva de demanda de mercado sea creciente (tal cosa pasaría si F 2 > 1).

Asalarización ​

proceso por el cual los trabajadores dejan de trabajar por cuenta propia y pasan a trabajar como empleados por cuenta ajena. Si definimos la tasa de asalarización como el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena con respecto al total de ocupados, el desarrollo de la economía de mercado va ineludiblemente unido a un aumento de esta tasa. Por ejemplo, en España, en 1955 la tasa de asalarización era tan sólo del 54 %, frente al 81 % en 2002, un valor que todavía está por debajo del de los países de renta más alta que se sitúa por encima del 90 %. Este proceso de asalarización está ligado a la mayor eficiencia de las empresas frente al trabajo autónomo asociada a la existencia de economías de escala y costes de transacción, y a la pérdida de importancia del sector agrícola en las sociedades modernas (véase cambio estructural). No obstante, recientemente se ha detectado un aumento del trabajo autónomo en algunos subsectores del sector servicios, que se explicaría por una opción de las empresas a favor de la subcontratación de algunas de las actividades que antes desarrollaban internamente. Este proceso se habría visto facilitado por las características de las nuevas tecnologías de la información.

Austriaca, economía ​

la escuela austriaca se desarrolla a partir de la obra de Carl Menger (1840-1921), uno de los artífices de la llamada “revolución marginalista” de la década de 1870, que consagraría una teoría del valor subjetiva basada en la utilidad, marcando una ruptura con los economistas clásicos e inaugurando el nacimiento de la economía neoclásica. Entre sus discípulos destacan Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), Ludwig von Mises (1881-1973) y Friederick A. von Hayeck (1889-1992), premio Nobel de Economía en 1976. Aunque la escuela austriaca comparte muchos elementos con el análisis económico neoclásico, como su creencia en la superioridad del mercado como mecanismo de asignación, la existencia de rendimientos decrecientes, su defensa de un individualismo metodológico extremo, según el cuál todos los fenómenos sociales se pueden reducir a fenómenos referentes a individuos o relaciones entre individuos, etc., existen diferencias sustantivas que permiten hablar de una escuela separada. Entre éstas destacan: (1) Frente al énfasis en el análisis del equilibrio de la economía neoclásica, esta escuela considera que el equilibrio es una construcción teórica proveniente de las ciencias físicas que poca relevancia tiene en los asuntos sociales, donde el objetivo de los agentes a la hora de actuar es precisamente romper cualquier situación estática de “equilibrio” en su búsqueda de beneficios. (2) Precisamente será la búsqueda de esos beneficios extraordinarios por parte de los empresarios (mediante el desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados, nuevas formas de producir, etc.) lo que hará del capitalismo un sistema económico dinámico y cambiante. Debido a ello, el empresario innovador en los términos antes señalados - que ve oportunidades de negocio donde otros no las ven- se convierte en el elemento clave del funcionamiento de la economía de mercado. (3) Este proceso de desequibrio, sin embargo, nunca alcanzará situaciones socialmente destructivas o explosivas en cuanto que el propio mecanismo de mercado, orden espontáneo en terminología de Hayeck, fruto de la acción humana, pero no del diseño humano, sienta las bases para su control y corrección. (4) Los economistas austriacos confieren una gran importancia al estudio de la incertidumbre, bien ausente del análisis neoclásico, o bien presente sólo en la forma de riesgo, mucho menos dañina para los análisis de equilibrio. La mayor importancia concedida a la incertidumbre servirá a los defensores de esta escuela para explicar la superioridad del capitalismo frente a otros sistemas de organización social, en la medida en que la naturaleza descentralizada de la economía de mercado sería la más adecuada para enfrentarse a este tipo de situaciones. (5) Estos dos elementos: desequilibrio e incertidumbre son los que subyacen a su rechazo del uso (abuso desde su punto de vista) que el análisis económico dominante hace del lenguaje matemático, un rechazo que aparece en Menger y se mantiene desde entonces. (6) Por último, en su defensa de la economía de mercado, esta escuela presenta un rechazo frontal a cualquier tipo de intervención del Estado (orden designado en terminología de Hayeck) en la economía. Así, por ejemplo, se rechaza la propia existencia de los Bancos Centrales, abogando por un funcionamiento libre del mercado de dinero (de su oferta y de su demanda) como si de cualquier otro bien privado se tratara, despojando también al Estado de su papel redistributivo al suscribir un enfoque de la justicia según el cual toda transacción voluntaria en el mercado, por el mero hecho de serlo, es justa.

Autarquía ​

opción de política económica que rechaza el comercio internacional y propone la autosuficiencia a todos los niveles de la economía de un país. Objetivo social de las sociedades llamadas primitivas como nos cuentan los antropólogos económicos, aparece ligada en tiempos más modernos a ideologías nacionalistas y totalitarias, y su puesta en práctica ha estado asociada con períodos de grave decadencia económica, de lo cual España en la década de los cuarenta es un magnífico ejemplo.

Aversión ​

al riesgo característica psicológica de los agentes económicos que no están dispuestos a participar en un juego justo (aquel cuyo valor esperado es cero). Correspondientemente, un agente con amor al riesgo estaría siempre dispuesto a participar en un juego justo, en tanto que uno que fuese neutral ante el riesgo le resultaría indiferente el así hacerlo. En economía es habitual supone que los agentes tienen por lo general aversión al riesgo, un comportamiento enteramente congruente con el supuesto de utilidad marginal decreciente de la renta o de la riqueza, UMAW. En efecto, si la UMAW es decreciente, ello se traduce en que en un juego justo que ofrezca la posibilidad de ganar X € con probabilidad p y de perder esa misma cantidad con probabilidad (1-p), la ganancia de X € genera menos utilidad adicional que la pérdida de utilidad asociada a que se pierdan los X €, por lo que ningún agente racional con una UMAW decreciente aceptaría un juego así. Es decir, que la UMAW decreciente es equivalente a la aversión al riesgo. El que un agente con aversión al riesgo nunca esté dispuesto a participar en un juego justo que le ofrezca la posibilidad de ganar una cantidad H con probabilidad p o de perder esa misma cantidad con probabilidad (1-p), significa, a la inversa, que estará dispuesto a pagar por no participar en él, es decir por estar o permanecer en un estado de no riesgo, seguridad o certeza. Este es el fundamento de los seguros. La cantidad o prima, PR, máxima que tal agente estaría dispuesto a pagar por ese seguro sería aquella que de pagarla, le dejase en una situación tal que fuera indiferente entre contratar el seguro o participar en el juego, es decir, arriesgarse. Esta cantidad sería aquella que hiciese que la utilidad esperada del juego fuese igual a la utilidad cierta que se tiene cuando se ha suscrito el seguro, U (W- PR):

U (W- PR) = p. U(W+ H) + (1-p) U(W- H)

Se demuestra sin demasiada dificultad que la prima PR depende positivamente del grado de aversión al riesgo del agente y de la varianza del juego.

Balanza de pagos ​

documento contable que recoge las transacciones económicas realizadas entre un país y el exterior. El principio que rige la organización de la información de la balanza de pagos es el de contabilidad por partida doble, que significa que toda transacción da lugar a dos anotaciones, una que refleja la entrada –en el caso de importaciones- o salida –en el caso de exportaciones- del bien, servicio o activo objeto de comercio, y otra que recoge la contrapartida monetaria asociada a esta exportación o importación (en el primer caso, una salida de divisas y, en el segundo, una entrada de divisas). Ello implica que la balanza de pagos, BP, siempre tiene que estar equilibrada, en el sentido contable de que cada salida tiene su entrada correspondiente. Cuestión distinta, sin embargo, es que estén equilibradas las distintas partes que conforman BP. En efecto, atendiendo a la distinta naturaleza de los intercambios económicos con el exterior la BP se divide en tres cuentas o balanzas principales: balanza corriente, de capital y financiera. La balanza por cuenta corriente se subdivide a su vez en cuatro balanzas básicas que registran el movimiento de bienes, servicios, rentas (incluyendo las rentas de inversión) y transferencias corrientes (por ejemplo, las realizadas por los emigrantes). La balanza por cuenta de capital recoge las transferencias de capital (cuya partida más importante en el caso español es la correspondiente a los fondos comunitarios para el desarrollo regional destinados a nuestro país.) Por último, la balanza financiera recoge las inversiones, tanto directas, Inversión Extranjera Directa, como en cartera (la compra de activos financieros de todo tipo).

Un déficit en la balanza por cuenta corriente, esto es que las exportaciones de bienes y servicios sean menores que las importaciones, una situación que per se, no tendría que ser algo negativo ya que significa que el país en cuestión está utilizando más bienes y servicios del exterior de los que él aporta al resto del mundo, puede compensarse o “financiarse” con un superávit en la cuenta de capital; y a la inversa. Otra cuestión es la sostenibilidad de tal situación, ya que, en última instancia, esa incapacidad por parte de un país para financiar sus importaciones con sus exportaciones muy probablemente genere una pérdida de confianza en su economía, por lo que las necesidades de financiación del exterior acabarán generando presiones tendentes a la devaluación de su moneda. Ahora bien, el hecho de que la devaluación garantice el equilibrio en el mercado de divisas y por tanto el equilibrio conjunto en la BP, no resuelve todos los problemas, ya que el recurso a la devaluación no garantiza que el déficit por cuenta corriente vaya a corregirse automáticamente, más aún si como consecuencia de la depreciación, que hace subir el precio en moneda nacional de los productos importados, se produce inflación que contribuye a deteriorar la competitividad internacional de los productos de exportación.

Al considerar las medidas de ajuste de la BP se ha de prestar por lo tanto atención prioritaria a la balanza por cuenta corriente si el interés fundamental radica en el funcionamiento de la economía real y no en el mero equilibrio financiero contable. Existen a este respecto, tres planteamientos básicos que responden a las posibles causas del déficit comercial. El primero, que se conoce como el planteamiento de las elasticidades, ve el déficit como consecuencia de unos precios relativos distorsionados o la falta de competitividad comercial, por lo que el ajuste debiera producirse mediante la corrección de esas distorsiones en los precios o la alteración a la baja del precio de los bienes nacionales. Un ajuste que haría aumentar la cantidad de bienes exportada y disminuir la importada, aunque dado que como consecuencia de la devaluación el valor unitario de los bienes exportados ha caído y el de los importados ha subido, la valía de esta medida de ajuste dependerá de la relación entre las elasticidades de la demanda de exportaciones y de importaciones, de forma que cuanto mayor sea la elasticidad precio de los bienes importados y exportados más fácil será alcanzar el equilibrio por esta vía (véase ley de Thirlwall). El segundo enfoque, llamado de absorción, considera que el déficit comercial es consecuencia de unos niveles excesivos de demanda agregada en relación al PIB, por lo que el ajuste debería ir en la línea de una política de contención del gasto mediante la puesta en marcha de políticas fiscales contractivas. El tercer enfoque, llamado monetario, considera los déficit en cuenta corriente como fruto de un exceso de oferta monetaria, causada, por ejemplo, por ser el tipo de interés real de un país más elevado que el existente en los mercados monetarios del exterior. Esta circunstancia dará lugar a una entrada masiva de capitales del exterior con la consiguiente apreciación de la moneda nacional y la pérdida de competitividad de los productos nacionales. La actuación de política económica adecuada en este caso pasará por corregir ese tipo de interés excesivamente alto mediante las oportunas actuaciones de política monetaria, en este caso expansivas.

Banco Central ​

el Banco Central, BC, es la institución, normalmente de propiedad pública, dedicada al control del sistema monetario y de crédito, así como a la supervisión del sistema financiero (esto es, el encargado de la vigilancia del buen comportamiento de los bancos y cajas de ahorro en el desarrollo de su negocio crediticio). Los bancos centrales, además de ser los encargados de la emisión de moneda, cuentan con distintos mecanismos para controlar la oferta monetaria. Entre ellos destaca la fijación de un coeficiente de caja o depósitos obligatorios que los bancos y cajas de ahorro deben que mantener en el BC, en función de los depósitos que tienen, y las “subastas de dinero” mediante las cuales el BC ofrece fondos a los bancos y cajas de ahorro que estos, a su vez ofrecen a sus clientes en forma de créditos. Al fijar el tipo de interés de tales préstamos, el BC estará abaratando o encareciendo los créditos que en última instancia reciben las empresas y los particulares, influyendo de este modo sobre la actividad económica. En la actualidad la corriente dominante en economía defiende la importancia de que los BC actúen con independencia del gobierno, para evitar que éste, en su búsqueda de réditos electorales a corto plazo, desarrolle una política monetaria dirigida a aumentar la cantidad de dinero para financiar gasto público, que pueda generar inflación (véase inconsistencia temporal). Esta práctica de sacar la política monetaria del las competencias del gobierno se enfrenta, sin embargo, a la crítica que aquellos que cuestionan el que una parte importante de la política económica quede fuera del mandato democrático, en el sentido de que se hurtaría a los ciudadanos de la posibilidad de opinar sobre la orientación de la política monetaria mediante el ejercicio del voto. El último ejemplo de esta política de independencia de los bancos centrales lo encontramos en el Banco Central Europeo, con unos estatutos que subrayan su independencia con respecto al poder político y un mandato explícito de defensa de la estabilidad de precios, sin prácticamente entrar en otras consideraciones de política económica.

Banco Mundial ​

concebido en 1945, junto con el FMI, en el momento de crearse el sistema monetario internacional de la post-guerra, tiene como misión apoyar los esfuerzos de desarrollo económico de los países menos desarrollados. El Banco Mundial, formado en la actualidad por 184 estados, cuenta para ello con fondos propios con los que financiar directamente mediante créditos proyectos de desarrollo, tradicionalmente centrados en la inversión en infraestructuras, realizando así mismo labores de asesoría e investigación en estrategias de desarrollo -el Banco Mundial es en la actualidad uno de los principales centros de investigación sobre cuestiones de desarrollo (www.worldbank.org)-. Los críticos a las tareas desarrolladas por el Banco Mundial denuncian el control que los Estados Unidos tienen sobre el funcionamiento de la institución, así como la imposición de unas políticas a los países que pretenden beneficiarse de sus créditos que, en su opinión no han mejorado el nivel de vida de la mayoría de la población y que suponen una limitación a la capacidad para tomar decisiones de sus gobiernos.

Barreras de entrada ​

En un mercado se dice que existen barreras de entrada cuando las empresas potencialmente entrantes a ese mercado se enfrentan con costes que no tienen (o han tenido) las empresas instaladas en el mismo. Las barreras de entrada pueden obedecer a la existencia de restricciones legales a la entrada de nuevas empresas (como en el caso de los taxis, donde existe un número fijo de licencias), o a la presencia de restricciones de tipo técnico asociadas al mejor conocimiento del mercado y la tecnología productiva por parte de las empresas instaladas, o al control del abastecimiento de materia prima por parte de éstas. En todos los casos las barreras de entrada dificultan la incorporación de nuevas empresas al mercado y por lo tanto generan una reducción de la competencia. De hecho, la inexistencia de barreras de entrada es una de las características de los mercados competitivos, ya sean éstos definidos de forma estricta, como competencia perfecta, o laxa: mercados atacables. Una forma de detectar la existencia de barreras de entrada es que los precios de mercado sean superiores a los costes medios, ya que si la entrada al mercado fuera libre, unos precios superiores a los costes medios atraerían a nuevas empresas, con lo que aumentaría la oferta y bajaría el precio hasta que éste se igualara al coste medio. El que este ajuste no se produzca puede indicar la existencia de barreras de entradas.

Barreras ​

no arancelarias son todas aquellas normativas que pretendan, de forma indirecta, dificultar la competencia de los productos extranjeros, impidiendo su entrada en el mercado nacional o encareciéndolos. La existencia de engorrosos trámites de aduanas, la exigencia de pasar rigurosos controles sanitarios, la obligatoriedad de cumplir con una normativa de seguridad diseñada a medida de las características de los bienes fabricados por los productores nacionales son ejemplos de la utilización de legislación con una finalidad distinta a la que supuestamente justifica su existencia, que en los casos anteriores sería el control de las importaciones, y de la salubridad y seguridad de los productos importados. Tradicionalmente se ha considerado que las barreras no arancelarias tienen unos efectos más negativos sobre el comercio que los aranceles al no ser transparentes y generar por lo tanto inseguridad en los intercambios.

Base Monetaria ​

suma del dinero (papel moneda y moneda) en circulación y las reservas (depósitos obligatorios) que los bancos tienen depositadas en el Banco Central (véase coeficiente de caja). A través del control de la base monetaria el Banco Central puede actuar sobre la cantidad de dinero que hay en una economía (véase política monetaria).

Beneficios ​

para un contable, los beneficios brutos son la diferencia entre los ingresos totales por ventas y los gastos en sueldos, salarios, alquileres, materias primas y otros productos comprados en el normal funcionamiento de una empresa. Los beneficios netos, son los beneficios brutos menos los gastos imputados a la depreciación del equipo capital (también llamados gastos de amortización). Si a los beneficios netos se les detraen los impuestos, queda el excedente que o bien puede ser repartido entre los propietarios de la empresa (como dividendos) o bien puede ser retenido por la empresa para generar unos fondos de reserva o para financiar una nueva inversión. La visión de un economista es distinta. Para él, los beneficios son el excedente que resta en manos de los propietarios de las empresas (que no tienen porqué ser los capitalistas o propietarios del capital, como atestigua la existencia de cooperativas de trabajadores y empresas públicas) una vez que se detraen de los ingresos generados por las ventas todos los costes asociados al proceso de producción y venta. Ello quiere decir que dentro de los costes no sólo habría que incluir los gastos en materias primas y demás factores de producción como los costes por el uso del capital que los capitalistas prestan a la empresa (sean o no sus propietarios) sino también los costes imputados por cualquiera otros servicios que el o los propietarios de la empresa (ya sean trabajadores o capitalistas) presten a la misma, como pueden ser sus capacidades de organización, sus conocimientos técnicos o del mercado, etc. El beneficio económico será pues distinto al beneficio contable en la medida que la contabilidad no incluya estos costes de oportunidad del empresario. El análisis económico predice, por otra parte, que los beneficios económicos (también llamados extraordinarios) de una empresa a diferencia de los beneficios contables (o normales o sea la remuneración normal por la actividad que realiza el empresario incluyendo el coste de uso del capital caso de que el empresario sea también el propietario del capital) están siempre amenazados por las fuerzas competitivas, de modo que si el mercado es de competencia perfecta, en el equilibrio a largo plazo, ninguna empresa podría obtener beneficios económicos pues caso contrario, si las empresas de un sector los tuvieran, otras empresas entrarían en el mercado y al hacer aumentar la oferta, ocasionarían una caída en el precio que enjugaría los beneficios extraordinarios. En consecuencia, el análisis económico neoclásico sólo “justifica” la existencia de beneficios económicos o rentas económicas en los sectores no competitivos. Ahora bien, dado que a largo plazo no es fácil mantener barreras de entrada que protejan de la competencia a las empresas de un sector, y, dado también que la separación entre la propiedad y el control de las empresas, propiciada por la expansión de la moderna sociedad anónima, ha limitado sobremanera –por no decir totalmente- cualquier papel económico real que tuviesen los propietarios de las empresas en su gestión o dirección, queda la cuestión de cómo se “justifica” la existencia de beneficios económicos extraordinarios que, como rentas de la propiedad, van a parar a manos de esos empresarios más o menos absentistas que son los titulares de las empresas en las modernas corporaciones. Las alternativas que pueden explicar esos beneficios económicos, esas rentas de la propiedad, no son muchas. En primer lugar, estaría la explicación de la economía marxista, según la cual los beneficios resultan de la explotación a que los empresarios capitalistas someten a sus trabajadores. En segundo lugar, la economía austriaca ha justificado los beneficios económicos como el incentivo necesario para que los agentes económicos tomen decisiones de inversión en un contexto siempre aquejado por la incertidumbre (los beneficios no serían el pago del empresario por correr un riesgo, pues éste se puede transformar por medio de un seguro en otro coste más igual al del resto de costes, conocido por tanto para la empresa.) En tercer lugar, se han explicado los beneficios como rendimiento de la actividad innovadora que se traduce –si es exitosa- en la consecución de un monopolio temporal. En la medida que el flujo de innovaciones no cese, esos monopolios temporales ligados a diferentes innovaciones se encadenaran generando un flujo continuo de beneficios.

Bien complementario ​

Es aquel que se consume conjuntamente con otro. Este tipo de bienes se caracteriza por tener demandas que se mueven en la misma dirección: cuando baja el precio de un bien, al aumentar su cantidad demandada, aumenta también la demanda del bien complementario (véase elasticidad cruzada). Los coches y la gasolina son un buen ejemplo de bienes complementarios.

bienes creativos/ bienes defensivos ​

atendiendo al tipo de bienestar que proporcionan, los bienes se clasifican en creativos, aquellos cuyo consumo reporta nueva o más utilidad, y defensivos, aquellos cuyo consumo permite recuperar unos niveles de utilidad o bienestar perdido por cualesquiera circunstancias ya sea físicas, económicas o sociales. Son productos o bienes defensivos todos aquellos con los que se intenta impedir o remediar daños, males o incomodidades, por lo que su consumo no aumentaría en términos netos el bienestar de los individuos sino que únicamente liberan o satisfacen una necesidad, devolviéndoles por así decirlo a un nivel cero o “normal” de utilidad o bienestar. Por el contrario, mediante el consumo de bienes creativos los individuos experimentan un nivel de bienestar nuevo o superior por encima del habitual. Aplicando la conocida diferencia conceptual entre la libertad negativa (libertad de algo que entorpece o cohíbe) y la libertad positiva (libertad para hacer o ser algo), está claro que la libertad de los consumidores en el caso de los bienes defensivos es de tipo negativo, en tanto que sería de tipo positivo para los bienes creativos. Un ejemplo patente de bienes defensivos son los medicamentos: nadie los demanda por gusto, sino por necesidad, por obligación, por lo que, consecuentemente, la soberanía de los consumidores –y su libertad de elección- estaría fuertemente mediatizada para este tipo de bienes: no tendrían más remedio que consumir esos bienes so pena de experimentar pérdidas en sus niveles de utilidad. Los gastos en policía, defensa, protección y recuperación medioambiental junto con buena parte de los gastos en educación y otras señales, y en los bienes posicionales, tienen un carácter netamente defensivo. Por el contrario el gasto en bienes creativos sería un auténtico gasto libre, discrecional, no condicionado pues por necesidad inmediata o directa alguna. La distinción entre bienes creativos y defensivos es en muchos casos fundamentalmente de tipo conceptual, lo cual se traduce en que en la realidad cotidiana lo que abunden sean bienes que a la vez presentan características creativas y defensivas. Así, por ejemplo, una comida reúne ambos tipos de características. Por un lado, es un gasto “necesario” para la vida, una necesidad, pero, adicionalmente, puede presentar connotaciones de disfrute gastronómico de tipo inequívocamente creativo. Y, lo mismo sucede con infinidad de otros bienes. Cabe finalmente señalar que, dado que la cifra del PIB no recoge la distinción entre bienes creativos y defensivos, su uso como indicador de crecimiento del bienestar es incorrecto pues una buena parte de los bienes que se producen tiene su origen en la demanda que surge del intento de atenuar las consecuencias negativas que el propio crecimiento económico ha supuesto sobre el medioambiente natural y social de los individuos.

Bien de densidad ​

en esta categoría se incluyen todos aquellos bienes defensivos públicos o privados que se han hecho necesarios por el hecho de vivir en sociedades masificadas o de elevada densidad. Considérese, por poner un ejemplo, las obligaciones que la creciente urbanización impone tanto a los individuos como al sector público sólo en lo que respecta al transporte: el automóvil y sus correspondientes carnets de conducir, seguros y gastos de mantenimiento, protecciones a los peatones, medidas y defensa contra el ruido y la polución, gastos médicos para los accidentados, semáforos, guardias urbanos, etc. Todos ellos son “bienes” que satisfacen necesidades asociadas al tamaño o la densidad social.

Bien Giffen ​

bienes cuya curva de demanda es creciente de modo que la cantidad demandada del mismo crece al aumentar su precio. Este comportamiento atípico se explicaría por tratarse de bienes de muy baja calidad, de los que los consumidores huyen en cuando aumenta su renta pero que se ven forzados a comprar cuando su renta es baja. En esta situación un aumento de precios, al repercutir negativamente sobre su capacidad adquisitiva puede llevar a los consumidores con pocos ingresos a comprar más y no menos del bien cuyo precio ha aumentado. En términos técnicos serían bienes inferiores con un efecto renta superior al efecto sustitución. Este tipo de bienes son más una posibilidad teórica que un hecho real, ya que desde que el economista inglés Alfred Marshall hiciera referencia a estos bienes en 1890 no se ha detectado ningún caso convincente de un bien Giffen.

Bien inferior ​

Es aquel cuya demanda disminuye al aumentar la renta, y viceversa. Se suele corresponder con bienes baratos y de escasa calidad, de los que los consumidores prescinden cuando aumentan sus ingresos.

Bien libre ​

con este nombre se denominan aquellos bienes que existen en tal abundancia que su disfrute no está sujeto a ningún coste de oportunidad, pues no son proporcionados por el hombre, no hay que renunciar a nada para acceder a ellos y se dan en tal abundancia que el consumo que un individuo haga de ellos no disminuye lo que queda disponible para el disfrute de cualquier otro. Son bienes que, en consecuencia, no tienen precio y cuyo consumo no está limitado. El que un bien sea libre o no depende de las circunstancias históricas de la sociedad; en Norte América, en tiempos de las colonias, la tierra era un bien libre, debido a su abundancia con respecto a la población (blanca) del momento, poco más de un siglo después había dejado de serlo para convertirse en un bien normal. De igual modo, actualmente, el aire todavía es un bien libre para los consumidores aunque en algunos países haya dejado de serlo para algunas empresas contaminantes que ahora tienen que pagar por el hecho de contaminarlo. Sin embargo, y pese a lo que acaba de decirse, cabe dudar seriamente de que existan o hayan existido alguna vez algún tipo de bienes enteramente libres o gratuitos. Fuera del paraíso donde se puede presumir que el tiempo no existe, aquí en este mundo el tiempo es un factor escaso: no hay más de 24 horas cada día, de modo que el disfrutar de los bienes “libres” requiere usar de ese recurso escaso. Ello significa que aunque los bienes llamados “libres” no tengan un precio explícito sí que tienen un precio implícito o precio “sombra” igual al valor del tiempo (es decir, a su coste de oportunidad) que es necesario dedicar para su disfrute.

Bien normal ​

es aquel cuya demanda aumenta al aumentar la renta. Si la demanda aumenta menos que proporcionalmente al crecimiento de la renta se dice que el bien es necesario, en tanto que si crece más que proporcionalmente se dice que el bien es de lujo o superior (véase elasticidad renta). La segunda residencia en el campo o los buenos vinos son ejemplos claros de bienes de lujo, en tanto que el pan “normal” sería un bien necesario. Obsérvese que si cae la renta el consumidor, en ausencia de otras consideraciones, se desprende antes de los bienes de lujo que de los bienes necesarios.

Bien posicional ​

técnicamente los bienes posicionales son bienes normales o superiores cuya oferta es muy inelástica o rígida, incluso en el largo plazo. Se trata de bienes cuya escasez no es superable en el curso del crecimiento económico ya sea: (1) por causas naturales (los kilómetros de playas de una determinada zona están dados y no pueden aumentarse y lo mismo sucede con los espacios naturales de valor paisajístico), (2) históricas (no hay más pinturas de los grandes maestros del pasado que las ya existentes salvo excepcionales descubrimientos), (3) de tipo social: la provocada por un entorno social o económico dado. La escasez social puede ser de dos tipos, por un lado puede ser de tipo “técnico”, cuando viene asociada a la misma definición de una pauta social. Así, conforme se asciende en la escala del organigrama de cualquier organización jerárquica va descendiendo el número de puestos disponibles de modo que es difícil saltarse la regla de que sólo puede haber un número uno. Por otro, la escasez social aparece siempre que la calidad de un bien o servicio se vea limitada por el aumento del número de quienes disfrutan del mismo, por lo que la oferta de igual calidad está restringida. Así, por ejemplo, el aumento del número de puestos en un escalón de una jerarquía degrada el significado o valor posicional de ese escalón; de igual manera, el aumento de la población que tenga un título universitario degrada también el valor señalizador o discriminador de ese título. La necesidad de mantener la escasez social define a los bienes Veblen, puesto que en ellos resulta patente que su capacidad como señales de posición social o económica decrece con la difusión de su uso, y también sucede lo mismo con los bienes públicos cuyo consumo está sujeto a congestión. Si la escasez, ya sea natural o social, junto con su elevada elasticidad renta es el elemento definidor de los bienes posicionales, ello permite definirlos de una manera intuitiva como el conjunto formado por “las buenas cosas de la vida”, aquellas cosas a las que sólo puede accederse si se encuentra uno en una buena posición social y/o económica.

Bien público ​

los bienes públicos se caracterizan por: (1) consumo no rival, es decir, que una persona consuma el bien no impide que otra persona lo consuma simultáneamente, (2) oferta conjunta o consumo no excluyente, es decir, una vez que se proporciona el bien, éste está disponible o se ofrece a todo el mundo por lo que no se puede excluir de su consumo a aquellos que no pagan por su uso. Los bienes públicos pueden ser más o menos puros. Así, por ejemplo, la defensa nacional se suele considerar un bien público puro pues satisface las dos condiciones mencionadas, en tanto que un parque público sería un bien público impuro puesto que, por un lado, se puede vedar su acceso y cobrar por la entrar (a veces se llama bienes club a estos bienes no rivales que permiten imponer un mecanismo de exclusión puesto que su provisión semeja a la que realizan los clubes), y, además, está sujeto a congestión, lo que significa que su disfrute o “consumo” es en cierta medida rival, puesto que conforme más gente utiliza el mismo parque, el placer que sacan sus paseantes decrece a partir de cierto nivel de uso. Obsérvese que en buena parte de los casos, el que un bien público sea más o menos puro estará en función del tamaño o la localización del grupo de consumidores que lo usan. Así, en el caso de un bien público puro, el tamaño o la localización del grupo no importa; en tanto que los bienes públicos impuros son en muchos casos bienes locales, es decir, que se dirigen o son usados por colectivos concretos o situados en espacios concretos.

En el caso de que un bien sea público puro no se puede confiar en el mercado para su producción, ya que las empresas no podrían excluir de su uso a aquellos que no pagan por el consumo del bien (o sería muy costoso hacerlo), y los individuos no tendrían el menor incentivo en revelar su demanda por el mismo, ya que al ser su oferta conjunta ello se traduce en que una vez producido, el bien estará disponible para todos los individuos, incluso para los “gorrones” o free-riders. Todo ello explica que sea el Sector Público el que se encargue, ya sea produciendo el bien o servicio directamente, ya sea encargando –y financiando- su producción a empresas privadas, de la provisión de este tipo de bienes. Pero surge aquí el problema de definir cuál es el nivel de provisión óptima del bien. Preguntar a los individuos por su demanda de un bien público significa toparse nuevamente con el problema del gorrón, ahora en el sector público, pues los individuos tampoco tienen el menor incentivo a revelar sus verdaderas preferencias o valor que asignan a diferentes cantidades de provisión del bien, puesto que si lo hiciesen ello serviría como señal inequívoca para que el sector público asignase los impuestos necesarios para su financiación repartiéndolos en función de la disponibilidad a pagar así manifestada. Este problema, que no tiene una solución fácil ni siquiera a nivel teórico (aunque se han propuesto algunos esquemas ideales que incentivarían a los individuos a la revelación sincera de sus preferencias, véase, revelación de demanda, mecanismos), puede resolverse algo mejor para el caso de los bienes públicos locales. En ellos, y supuesto que los individuo son relativamente móviles, cabe inducir que los individuos señalizarán sus preferencias por distintos niveles de provisión de los mismos eligiendo vivir en la comunidad local que ofrezca unos niveles de bienes públicos y un sistema de impuestos para financiarlos más adecuado para sus intereses. Los individuos que quieren tener espacios verdes abundantes o un nivel de seguridad más elevado pueden obtener esos bienes públicos optando y “pagando” unos impuestos locales más altos por vivir en comunidades que los ofrecen diferencialmente. “Votar con los pies” es así un mecanismo indirecto -aunque imperfecto- de revelación de demanda de bienes públicos.

Bien relacional ​

tipo de bien público impuro caracterizado porque la utilidad que proporciona su uso o consumo crece conforme aumenta el número de individuos que lo utilizan, es decir, que a diferencia de los otros bienes públicos impuros, la congestión aumenta la satisfacción que produce el uso. El disfrute que proporciona asistir a un partido de fútbol cuando el estadio está repleto suele ser para los hinchas mucho mayor que si está vacío. Lo mismo pasa con la asistencia a bares de copas y otros lugares de diversión: en ellos la escasa concurrencia disminuye el disfrute, en tanto que la incomodidad cuando el aforo está más que superado lo aumenta. Desde un punto de vista más general, puede decirse que el análisis económico, al concentrarse en el estudio del comportamiento económico del individuo en su búsqueda de bienestar individual, olvida con frecuencia que el hombre, como animal social, busca la compañía y consuelo de sus congéneres, en un proceso que contribuye a su bienestar. En la medida en que ese sentimiento de pertenencia a un grupo, esa compañía, puede llegar a ser escasa, podemos considerar a todo ese conjunto de relaciones sociales como un bien que contribuiría al bienestar, igual que otros bienes materiales, pero de distinta naturaleza. La filosofía competitiva consustancial al capitalismo más clásico y el propio proceso de crecimiento económico pueden incidir negativamente en el volumen de bienes relacionales disponibles, reduciendo por lo tanto el impacto positivo que el crecimiento económico tendría sobre el bienestar.

Bien sustitutivo ​

son aquellos que sirven, hasta cierto grado, para cubrir la misma necesidad o saciar el mismo deseo. Se identifican por que al aumentar el precio de un bien, caería su cantidad demandada y aumentaría la demanda de sus bienes sustitutivos (véase elasticidad cruzada). El transporte interprovincial en tren y autobús sería un caso de bienes sustitutivos.

Bien Veblen ​

se llaman así, a partir de Thornstein Veblen (1857-1929), el economista que los definió, a aquellos bienes cuyo valor para un individuo se deriva de que otros no los puedan consumir. Dado que el precio de un bien es un factor disuasorio en su demanda, precios más altos de un bien cuando en su demanda está presente el efecto Veblen, tienden a incrementar la cantidad que se demanda del mismo -dentro de ciertos límites- en la medida que su consumo a precios más elevados transmite la señal de que se dispone de una elevada capacidad de pago. El caso de los bienes Veblen es un ejemplo de la presencia de una externalidad en la función de utilidad de un individuo, puesto que en ella influyen positivamente no sólo la cantidad que consuma sino también el precio que paga por ella. Dicho con otras palabras, la compra que se hace de un bien Veblen responde a dos motivos: la utilidad intrínseca que tenga su consumo, y su característica de consumo conspicuo, es decir, el hecho de que los demás vean o sean conscientes de que uno puede permitirse el comprarlos.

Bienestar ​

el economista Arthur C. Pigou (1877-1959) definió el bienestar económico como el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar humano y que pueden medirse utilizando como patrón de medida el dinero. El bienestar de tipo económico, es decir, el nivel de utilidad de un individuo, dependería así sólo de su nivel de renta monetaria, esto es, de su capacidad de compra en el mercado. Más renta implicaría más acceso a bienes, más necesidades satisfechas y, lo que es lo mismo, más bienestar económico; y, en la medida que este tipo de bienestar fuese un elemento importante del bienestar en un sentido más general, a más bienestar económico cabría esperar más bienestar personal. Una vez considerado el nivel de bienestar económico individual cabría plantearse como evaluar el nivel de bienestar económico colectivo o agregado de una sociedad. Pero esa es una cuestión teóricamente compleja. Los niveles de bienestar o de utilidad experimentados subjetivamente son de difícil –por no decir, imposible- medición dadas las técnicas disponibles hoy día (los hedonimómetros todavía no están disponibles), pero aunque lo fuesen no serían comparables entre los distintos individuos, de lo que se deduce que no se podría construir un indicador de bienestar económico agregado a partir de los niveles de utilidad o satisfacción individuales, pues equivaldría a comparar objetos disímiles. Y no acabarían aquí las dificultades, pues sucede que, aun en el caso de que los niveles de utilidad de los distintos individuos fuesen comparables entre sí, que no lo son, el Teorema de Imposibilidad de Arrow prescribe que no se pueden agrupar esos niveles individuales en un indicador agregado o función de bienestar social mediante un procedimiento o regla que satisfaga ciertos requisitos mínimos. En suma, que a partir de los supuestos más usuales de la teoría económica no parece que se pueda avanzar mucho en el camino de buscar un indicador agregado del nivel de bienestar económico de una sociedad que sea teóricamente aceptable. Eso, sin embargo, no ha disuadido a los economistas y a los analistas sociales que han usado como criterio operativo de los cambios en el bienestar económico agregado de una sociedad la evolución de la renta nacional real y el modo en que se distribuye entre sus miembros. La justificación ha sido que, dado que la renta le sirve a cada individuo para satisfacer sus necesidades, la suma de las rentas individuales le sirve a la “nación” para solventar las suyas. Son varios los supuestos subyacentes a esta forma de “medir” el bienestar económico agregado (véase función de bienestar social), pero, merece la pena pasarlos por alto sin discutirlos, y centrarse en las implicaciones de este modo tan habitual de entender el bienestar económico agregado. La implicación primera es que un incremento de la renta real nacional sin que su distribución se hiciese menos equitativa (o dicho con otras palabras, una mejora económica de tipo paretiano) vendría a significar que todos los miembros de la sociedad tendrían una mayor capacidad para obtener más bienestar económico.

Ahora bien, este enfoque sobre el bienestar económico está sujeto a importantes críticas. Por un lado, deja sin resolver el problema de los cambios económicos que no son mejoras paretianas (cuando algún o algunos sujetos mejoran su posición económica en tanto que otros empeoran), o aquellos otros que son mejoras paretianas pero no equitativas en la medida que aunque aumente la renta de todos los individuos, lo hace aumentando la desigualdad. Incluso sería muy cuestionable el uso del criterio paretiano a la hora de evaluar de los cambios en el bienestar económico aunque estemos en presencia de una inequívoca mejora paretiana de tipo equitativo, pues parece difícilmente sostenible que una mejora del 10% en el bienestar económico de todos los individuos de forma que el que ganara 1 euro pasase a ganar 1,1 y el que ganase 1.000.000 pasase a ganar 1.100.000 fuese considerada por el individuo más pobre como una mejora en su bienestar equivalente a la que ha experimentado el más rico, aunque la desigualdad, medida como se suele hacer en términos relativos, no hubiese aumentado. No es demasiado aventurado suponer que en este ejemplo el individuo más pobre habría considerado el crecimiento proporcional de su renta y de la del más rico como un deterioro en su posición relativa, como una disminución en su poder económico no contemplado en la definición del bienestar económico a partir del nivel de renta y su distribución. Es decir, que la exclusión del concepto de poder económico en la valoración del bienestar económico resta validez a la utilización de la renta real y su distribución como criterios de bienestar. Pero, además, sucede que la idea de que el bienestar económico individual depende sólo de los bienes que se compran en un mercado es muy cuestionable pues sería necesario incorporar los bienes y servicios que no se obtienen en el mercado (como los bienes libres) así como el valor asignado a los efectos externos negativos y positivos que acompañan a los procesos de producción y consumo. Cabe aquí también plantear cómo la consideración de los gastos en bienes defensivos y otros de gastos de señalización aumentan las dudas acerca de la valía de la renta y su distribución como indicadores de bienestar económico.

Finalmente, el economista Amartya Sen ha señalado que más que el acceso a los bienes lo que importa a la hora de evaluar el bienestar económico son las capacidades que se tengan para obtener a partir de ellos bienestar. Tener un ordenador nada agrega al bienestar si no se sabe cómo manejarlo. La consideración de las capacidades permite ampliar por otro frente el análisis del bienestar económico en la dirección de la necesidad de contar con los elementos (algunos de tipo extraeconómico como, por ejemplo, la libertad política, la democracia, etc.) que permiten expandir esas capacidades sin las cuales el bienestar económico no crece aunque sí lo hagan las dotaciones de bienes a que se tenga acceso.

Bolsa de valores ​

Mercado donde se intercambian activos financieros, principalmente bonos y acciones, pero también derivados financieros como futuros u opciones (véase mercado de futuros y valor opción). La Bolsa es una institución central de la economía de mercado pues facilita la captación de fondos por parte de las empresas mediante la emisión de bonos y acciones, al convertir a éstas en activos fácilmente negociables, esto es, vendibles, en Bolsa. De otra manera, estos activos verían limitado su atractivo ya que los compradores no tendrían tantas facilidades para venderlos en el caso de que decidieran dejar de ser accionistas o acreedores de las empresas. En las últimas dos décadas, sin embargo, la Bolsa ha cobrado un protagonismo económico que va mucho más allá de su papel como mercado secundario o de reventa de activos financieros, al convertirse en un elemento clave de algunas estrategias de crecimiento económico. De este modo, se confía que la revaloración de las acciones que cotizan en Bolsa genere un aumento en la riqueza de los accionistas que se traduzca en un aumento de la demanda y la actividad económica (efecto riqueza). Ello ha llevado a que se primen aquellas medidas de política económica que tienen un efecto positivo sobre la cotización bursátil, como la reducción del tipo de interés (que resta atractivo a otras formas de colocar el ahorro como los depósitos a plazo fijo), la moderación salarial (con su efecto positivo sobre los beneficios empresariales) o la reducción de los impuestos que gravan a los beneficios.

A la hora de entender el comportamiento de los mercados bursátiles resulta fundamental el explicitar los mecanismos que definen el comportamiento de los agentes que en ellos participan. Dado que lo que se intercambia en estos mercados son activos cuyo valor depende de lo que se estime que acontecerá en el futuro, es fundamental el supuesto que se haga sobre se cómo se forman las expectativas sobre el futuro. El supuesto de expectativas racionales ha conducido a la llamada “hipótesis de los mercados eficientes”, que defiende que los mercados bursátiles son eficientes, donde por eficiencia aquí se entiende el que el precio o cotización de cualquier activo refleje en todo momento toda la información existente sobre el mismo, incluidas las estimaciones previsibles sobre su rendimiento futuro, por lo que las variaciones en su precio dependerían solamente de la llegada aleatoria e impredecible de nueva información previamente desconocida.

La evolución de las cotizaciones se podría entonces describir, en términos estadísticos, como un proceso errático, un paseo aleatorio, que ningún agente podría predecir estadísticamente a partir de la información histórica. Esa aleatoriedad que pudiera interpretarse como irracional o absurda sería, sin embargo, racional. Dicho con otras palabras, frente a lo que sugeriría el sentido común, los precios en un mercado de valores eficiente debieran comportase erráticamente. Si la hipótesis de los mercados eficientes fuera acertada, los sedicentes expertos y analistas financieros, como por ejemplo, los llamados chartistas, que siguen a la hora de pergeñar sus evaluaciones complejos sistemas de predicción estadística a partir de informaciones pasadas o presentes se dedicarían a una tarea inútil, ya que la hipótesis de los mercados eficientes no duda en calificar a tales expertos como equivalentes en fiabilidad a la hora de anticipar el comportamiento futuro de las cotizaciones a los astrólogos. Nadie puede predecir consistentemente el comportamiento del mercado y por tanto nadie puede obtener beneficios siguiendo los consejos de los expertos pues nadie puede predecir consistentemente los acontecimientos impredecibles. Hay dos objeciones que pueden esgrimirse contra la hipótesis de los mercados eficientes de activos. La primera cuestiona qué sucedería si todos los agentes, dado que los precios de los activos reflejan toda la información cognoscible, dejaran paradójicamente de buscar nueva información. Los precios, entonces, no reflejarían toda la información y por lo tanto los agentes podrían lograr beneficios actuando a tenor de la información existente. Pero la persecución de los beneficios llevaría a los agentes a buscar mejor información, con lo que, al final, operarían como predice el modelo de los mercados eficientes. Es decir, que los mercados eficientes se autorregulan. La segunda crítica atiende al hecho de que parece que algunos “expertos” son mejores que otros a la hora de “acertar” en sus previsiones, como lo atestigua el que hayan obtenido beneficios extraordinarios a largo plazo, contrariamente a lo que se sigue de la hipótesis. Ahora bien, ello no plantea ningún problema fundamental, pues esos resultados o bien son fruto de información privilegiada –es decir, no disponible para el conjunto de los agentes-, o bien son fruto del azar –a fin de cuentas, siempre hay quien gana la lotería-, o bien son equivalentes a las rentas que algunos agentes obtienen por sus habilidades extraordinarias, al igual que las que obtienen aquellos individuos con habilidades remuneradas diferencialmente en sectores como el deporte, la gestión empresarial, el arte, etc. Rentas diferenciales que no invalidan la pertinencia de la conclusión de que no pueden existir beneficios extraordinarios en el largo plazo.

Con arreglo a la hipótesis de los mercados eficientes, los mercados de valores aparecen como una institución básica para la eficiencia general de la economía, en la medida que transmiten rápida y de modo relativamente poco costoso la información pertinente para que los agentes tomen las decisiones de inversión más adecuadas ante la llegada de nueva información. Pero frente a esta hipótesis cabe plantearse otra que acentúa su inestabilidad inherente. En opinión de Keynes, la Bolsa se asemejaba a un “concurso de belleza”. En este tipo de concursos lo que más importa a cada individuo a la hora de acertar en la selección del o de la concursante ganador/a no es tanto la opinión personal acerca de la belleza relativa de los candidatos sino la idea que uno tenga sobre la opinión que tienen los demás. En Bolsa, de modo similar, los agentes se comportarían no tanto según sus propias convicciones o creencias respecto a su evolución futura sino atendiendo a las ideas “prevalecientes” en el mercado. El resultado de esta forma de elaborar las expectativas de los agentes, tan distinta de las expectativas racionales, es por ejemplo, que no importa que un agente estime que un activo está sobrevalorado a la hora de operar con él, lo que es decisivo es lo que crean los demás ya que mientras la burbuja especulativa siga creciendo, se podrá beneficiar del alza de las cotizaciones y obtener beneficios, sobre todo si adivina el cambio de tendencia y se anticipa a él jugando a la baja. En la medida en que los agentes en los mercados de valores sigan esas pautas de comportamiento en las que priman los efectos arrastre, éstos mercados tenderán a ser inherentemente inestables, muy sensibles a crisis que se manifiestan en forma de pánicos de venta (las ventas generan una caída de las cotizaciones que lleva a otros accionistas a vender reforzándose la crisis) o, alternativamente, en forma de euforia que se plasma en fiebres compradoras (las compras hacen que suba la cotización de las acciones incentivando la entrada de nuevos compradores y su consiguiente revalorización). En consecuencia, dado el papel que pueden jugar los efectos riqueza, parece claro que tales mercados habrían de estar fuertemente controlados para evitar que su inestabilidad contagie a la economía “real”. La estrategia de ligar el crecimiento económico con los mercados bursátiles parecería pues muy cuestionable y ello sin tener en cuenta que, aunque en últimas décadas se haya popularizado la colocación del ahorro en Bolsa, la propiedad de las acciones sigue estando mayoritariamente en manos de la población más rica, con lo que este tipo de política tiene un claro efecto redistributivo hacia este colectivo.

Burbuja ​

el precio de un activo ya sea físico (como la vivienda) o financiero (como una acción) depende, en cada periodo, de las circunstancias que afectan a su oferta y a su demanda. Pero junto con variables como los costes de producción, los precios de los activos sustitutivos y complementarios y los niveles de riqueza de quienes participan en el mercado, hay que contar, además, con un elemento adicional cual es las expectativas de precios y la consiguiente especulación a que esas expectativas dan lugar. Porque si los oferentes esperan que los precios en el futuro (o precio de reventa) vayan a subir, algunos tratarán de aprovecharse de ello retirando oferta del mercado; en tanto que los demandantes que esperen una subida de precios tratarán de anticiparse a ella adelantando sus compras. El resultado conjunto de ambos procesos (retirada parcial de oferta y aumento de la demanda) es que los precios subirán ya en este periodo, con lo que la expectativa se autocumplirá. En suma, el precio del activo en el periodo t, P t , dependerán de ese conjunto de variables X que afectan a la oferta y la demanda, y de los precios esperados en el futuro, o periodo t+1, (P t+1 ) e :

P t = aX + b (P t+1 ) e :

donde a y b son parámetros. Si las variables incorporadas en X no cambian, la única fuente de variaciones en los precios será los precios esperados. Si los precios esperados se formasen con arreglo a la siguiente regla de formación:

(P t+1 ) e = [a/ (1-b) ] X

es fácil comprobar que el mercado estaría en un equilibrio estable en el que los precios sólo se modificarían cuando cambiasen las variables incorporadas en X (o los parámetros a y b).

P = P e = [a/ (1-b) ] X

Pero, claro está, esta es una situación que sólo por el más improbable azar podría darse. Lo habitual será que haya una divergencia entre precios esperados y corrientes, es decir, que el mercado sea “inestable” en el sentido de que los precios fluctúen. Esta fluctuación puede autocorregirse de forma que los precios converjan a un nuevo equilibrio. Pero si los precios suben continuamente por el hecho de que se espera que sigan subiendo, la inestabilidad es explosiva y se asiste a una burbuja especulativa, en la que los precios crecen porque se prevé que van a seguir subiendo de modo que la demanda del activo se sustenta no tanto en su rentabilidad como en su valor de reventa.

La existencia de una burbuja especulativa se puede producir tanto si el proceso que siguen los agentes a la hora de formar sus expectativas es adaptativo como si es racional. En este segundo caso, siempre sería posible encontrarse con un precio superior al del equilibrio estable si (P t+1 ) e excede P t y tal precio esperado (P t+1 ) e será racional si iguala a P t+1 . A su vez este precio, P t+1 , puede tomar este valor más elevado si se espera que (P t+2 ) e sea aún más elevado, y así sucesivamente. Dicho de otra forma, la especulación hará subir los precios corrientes siempre que se espere que el ascenso en los precios futuros sea todavía mayor, y resulta racional esperar que así se comporten los precios conforme sigan esa senda acelerada.

En presencia de expectativas adaptativas, los precios esperados dependen del comportamiento seguido en los periodos pasados. Un esquema simple, en que la subida de precios en el pasado se traslada a la expectativa de subida en el futuro puede ser:

(P t+1 ) e = P t + c (P t - P t-1 )

donde el precio previsto en el periodo t+1 se estima será igual al actual más una proporción c del incremento previo en el precio. Si esta estimación se utiliza en la ecuación de precios anterior se tendría que los precios en el periodo t dependen de los precios en el periodo t-1:

P t = aX + b [P t + c (P t - P t-1 )]
P t = (a/ d)X - (b c/d) ( P t-1 )

siendo d = [1-b(1+c) ] Si suponemos que las variables incorporadas en X no varían, los precios en t dependerán de los precios en el periodo anterior:

( δ P t / δ P t-1 ) = - (bc/d)

De modo que si el valor de los parámetros b y c es tal que (bc/d) sea negativo y mayor en valor absoluto que la unidad, los precios en el periodo t crecen más que en el periodo precedente. Obviamente, ningún precio puede seguir una senda ascendente hasta el infinito. Toda burbuja acaba pinchándose, asistiéndose a un proceso deflacionista en el que los precios entran en una espiral descendente, que tampoco puede continuar indefinidamente. La existencia de burbujas resulta de la mayor importancia cuando afectan a una buena parte de los activos financieros o a un activo de elevado peso en la demanda de consumo, como puede ser el mercado de la vivienda. La razón estriba en que a la hora de financiar sus compras de activos, los agentes adoptan posiciones más arriesgadas fundando su endeudamiento en la esperanza de que los precios sigan subiendo (véase fragilidad financiera). El problema aparece cuando al pincharse la burbuja, la pérdida de valor de los activos arrastra a la economía (por el efecto riqueza) a una deflación de deuda que puede conducir a una recesión económica.

Burocracia ​

para Gordon Tullock y William Niskanen, economistas de la escuela de la elección pública, la economía puede ofrecer una explicación del comportamiento y efectos de la burocracia del sector público distinta de las habituales de tipo sociológico. Para estos autores, los burócratas como el resto de los individuos se comportan como predice el modelo del homo oeconomicus sólo que, en su caso, la persecución de su propio interés no se puede expresar normalmente como maximización de beneficios monetarios (excepto en caso de soborno) dado que forman parte del sector público y su remuneración no depende de la valoración de mercado de su actividad. En su lugar, lo que intentan maximizar los burócratas es un conjunto más complejo de variables entre las que se puede incluir junto con el sueldo, el poder, el prestigio, las oportunidades de ascenso, la vida tranquila, etc., en una combinación que será particular para cada burócrata y que dependerá de su posición en el escalafón y de sus expectativas de ascenso. Modelizar una lógica del comportamiento burocrático que tenga en cuenta un conjunto de variables objetivo finales tan disperso es imposible, a menos que se encuentre una variable objetivo intermedia cuya consecución sea instrumental a todas ellas en el sentido de que sea necesaria para su realización. Niskanen encuentra que para un burócrata esa variable intermedia es el tamaño del departamento –buró- que dirige o el presupuesto que administra; de modo, que una burocracia se define como una organización en la que sus miembros tienen por objetivo maximizar el presupuesto o el tamaño de la organización. Más dinero a su cargo significa más sueldo, más poder, más prestigio, más subordinados, más expectativas de ascenso e incluso más tranquilidad.

Por supuesto, esta expansión burocrática es ineficiente, si bien es habitual “justificarla” con el “argumento” de que mientras queden necesidades sociales por cubrir toda expansión es racional. Obviamente, lo es para el burócrata dados sus objetivos, pero no desde el punto de vista social. El gráfico siguiente ofrece una ilustración para un caso simplificado. La línea D expresa la demanda o valoración social de un determinado servicio ofrecido por un buró. El coste marginal de la provisión se supone constante e igual a OA. La cantidad óptima del servicio sería por tanto X 0 (correspondiente al nivel en que el coste de proveer una unidad adicional del servicio es igual a la valoración social de esa unidad), por lo que el presupuesto óptimo del buró estaría representado por el área OABX 0 . Ahora bien, el burócrata al cargo del servicio podría argumentar que la valoración social de éste, reflejada en lo que la sociedad estaría dispuesta a pagar por las X 0 unidades proporcionadas (es decir, el área OCBX 0 incluyendo el excedente del consumidor) supera al presupuesto del buró, y así justificar, acudiendo al hecho de que quedan necesidades por cubrir (siempre quedarán hasta que la curva D no corte al eje de abcisas), que se expanda el presupuesto del buró hasta que iguale a la valoración de la sociedad. Ello llevaría a expandir el tamaño del buró hasta que produjese, por ejemplo, una cantidad como X 1 , de modo que el presupuesto ampliado fuese equivalente al área OAEX 1 igual al área OCBX 0 . Obsérvese que con este cambio sólo habría ganado el burócrata que habría conseguido convertir el excedente del consumidor que antes estaba en manos de los consumidores del servicio en un “beneficio” no pecuniario ahora en sus manos. La producción del servicio sería ineficiente puesto que el coste marginal de producir cada una de las unidades a partir de la X 0 es mayor que el valor social que tienen.

Búsqueda ​

en un entorno de información asimétrica y limitada entre los agentes que operan en un mercado es habitual la existencia de cierta dispersión de los precios (y de los niveles de calidad) de los bienes o servicios que se intercambian. La búsqueda de las condiciones más ventajosas para un agente es un proceso costoso puesto que requiere dedicar tiempo y otros recursos para informarse acerca de ellas, por lo que nunca será óptimo recabar toda la información disponible. Elegir una estrategia de búsqueda de precios (o de nivel de calidad), a priori puede no ser lo más adecuado. Si, por ejemplo, un agente encontrara un precio sorprendentemente bajo (o una calidad sorprendentemente alta) en la cuarta tienda inspeccionada, tendría poco sentido seguir buscando. La estrategia de búsqueda consecutiva que resulta ser óptima en una diversidad de circunstancias consiste en que el agente elija un precio (o nivel de calidad) de reserva y acepte el primer precio (o nivel de calidad) que encuentre que sea igual o inferior (o el nivel de calidad superior) al de reserva. La teoría de los procesos de búsqueda establece entonces que el precio (o calidad) de reserva es aquel que iguala el beneficio marginal o ganancia esperada (en términos, por ejemplo, de encontrar un precio medio más bajo o una calidad media más elevada) de prolongar el proceso de búsqueda con el coste marginal de realizar una búsqueda adicional.

A partir de este sencillo esquema algunos economistas han propuesto una explicación alternativa de la persistencia del desempleo y de los medios para combatirlo. En efecto, con arreglo a este modelo, los trabajadores desempleados se enfrentan a una diversidad de puestos de trabajo y remuneraciones, por lo que han de realizar un proceso de búsqueda para hallar el más ventajoso. Pero mientras buscan, los trabajadores están y aparecen como desempleados en las estadísticas, y así permanecerán tanto más tiempo cuanto más largo sea el proceso de búsqueda. Según este planteamiento los responsables en buena parte de esta permanencia en las colas del desempleo serían aquellos mecanismos del Estado de Bienestar (como el seguro de desempleo) que se traducen en una atenuación de los costes de búsqueda, puesto que incitarían a los trabajadores desempleados a seguir más tiempo en el paro esperando que surja un trabajo más adecuado para ellos. Las políticas contra el desempleo que se derivan de esta forma de ver las cosas consistirían consecuentemente en hacer que crecieran los costes de la búsqueda (mediante la reducción de las prestaciones de desempleo por ejemplo), y/o en atenuar el beneficio marginal de los procesos de búsqueda adicionales mediante la difusión de mejor información sobre las vacantes y sus condiciones en los mercados de trabajo.

Caeteris paribus ​

condiciones que se suponen rigen a la hora de proceder al análisis de los efectos de cualquier cambio en una variable económica según las cuales se supone que el resto de variables que influyen el proceso económico permanecen constantes. Las condiciones caeteris paribus están presentes en cualquier análisis de equilibrio parcial. Por ejemplo, a la hora de evaluar los efectos de la bajada del precio de algún bien, concluir, como es lo habitual –si no es un bien Giffen-, que la cantidad demandada del mismo crece es razonar bajo la cláusula caeteris paribus pues en la argumentación detrás de la “ley de la demanda” se está suponiendo que no varían ni el precio de los demás bienes, ni los gustos, preferencias o expectativas de los consumidores, ni la cantidad de renta de la que disponen, ni cómo se distribuye ésta.

Cambio estructural ​

el proceso de crecimiento económico va acompañado por un cambio en la importancia relativa de los distintos sectores de la economía. Así, el sector agrícola es dominante en las sociedades menos desarrolladas, pudiendo llegar a suponer más de las tres cuartas partes del empleo. Históricamente el crecimiento económico se ha visto acompañado por una caída del peso del sector agrícola a favor del sector industrial, en primer lugar, y de ambos a favor del sector servicios con posterioridad. A modo de ejemplo, en 1960 la agricultura ocupaba en España al 40 % de la población activa, porcentaje que a finales de siglo se situaba por debajo del 7%. De esta forma, mientras que en Alemania la aportación del sector primario (agricultura, ganadería y pesca), secundario (industria y construcción) y terciario (servicios) es respectivamente, de 3 %, 35 % y 63 %, en un países de renta baja como Gabón los valores son de 52 %, 16 % y 32 %. En todo caso, mientras que en los países de renta alta el proceso de cambio ha seguido el orden agricultura → industria → servicios, en muchos países de renta baja el cambio estructural ha favorecido a los servicios sin pasar previamente por una etapa de crecimiento industrial. Un proceso que se explica al ser la categoría de servicios en cierto modo un cajón de sastre, incluyendo desde actividades altamente tecnificadas, como comunicaciones o banca, a otras muy intensivas en mano de obra, como comercio minorista, de forma que detrás del sector servicios en países de renta alta y baja tenemos actividades muy distintas.

El proceso de cambio estructural tiene implicaciones importantes sobre el comportamiento de la productividad, puesto que el sector industrial tiene habitualmente una productividad más elevada que el agrícola, el paso de trabajadores de la agricultura a la industria redunda en un aumento de la productividad, facilitando la convergencia de PIB per capita entre países. Por el contrario, en la medida en que el sector servicios esta formado en gran parte por actividades intensivas en mano de obra, en muchos casos poco cualificada, el crecimiento de este sector a costa del sector industrial puede repercutir en una caída en el crecimiento de la productividad. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información al sector servicios podría sin embargo reducir el impacto negativo que la “terciarización” de la economía ha tenido en el pasado sobre el crecimiento de la productividad.

Cambio técnico ​

mejora en los conocimientos relacionados con los procesos productivos que posibilita el aumento de la producción o la calidad de los bienes producidos sin incrementar los inputs. El cambio técnico puede materializarse en nueva maquinaria, nuevos conocimientos de los trabajadores, nuevas formas de organización del trabajo, nuevos productos, etc. Por sus distintas implicaciones se puede hablar de innovaciones de procesos, cuando el cambio técnico afecta a la forma de producir, pero no al producto, e innovaciones de productos. En el primer caso el cambio técnico reducirá los costes, mientras que el segundo caso supondrá la aparición de nuevos productos, que en ocasiones desplazarán a otros más antiguos en la satisfacción de determinada necesidad (por ejemplo, luz eléctrica frente a luz de gas). Aunque el cambio técnico está asociado al avance del conocimiento científico, históricamente no es extraño encontrarse casos de avances tecnológicos que antedatan a los correspondientes avances científicos. En lo que a esto respecta, sin embargo, la tecnología moderna se basa cada vez más en la ciencia y por lo tanto el cambio técnico en su avance.

Sin duda alguna el cambio técnico es la causa fundamental del crecimiento económico al largo plazo. Mientras que a corto plazo se puede crecer o bien aumentando el uso eficiente que se hace de los recursos ya disponibles (capital, trabajo y recursos naturales), o bien aumentando éstos mediante la inversión ya sea en capital físico o humano, a largo plazo el cambio técnico es el que explica el crecimiento económico en términos de PIB per capita (véase contabilidad del crecimiento). Aunque el conocimiento de los factores determinantes del cambio técnico dista de ser completo, se sabe que éste responde tanto a factores de demanda como factores de oferta e institucionales. Así la demanda actuaría señalando una necesidad no satisfecha y por lo tanto una posibilidad de beneficio e indicaría el objetivo. Alternativamente, muchas de las grandes innovaciones responden a acontecimientos que se producen sin una conexión directa con el mercado, siendo resultado de un proceso autónomo de mejora del conocimiento técnico que luego se lleva al mercado para probar su rentabilidad, esto es, generan su propia demanda. Por último, es importante señalar que la generación de nuevos conocimientos (invención, I) y su de conversión en nuevos productos o procesos (desarrollo e innovación, D+i) exige de un marco institucional favorable. En lo que a esto respecta, se debate qué estructura de mercado es más favorable para el progreso técnico, ya que mientras que hay argumentos para defender que un entorno más competitivo será el caldo de cultivo más favorable a la hora de incentivar el progreso técnico, también se ha argumentado, al contrario, que los mayores beneficios asociados al monopolio dotarán a las empresas de los recursos e incentivos necesarios para llevar a cabo los procesos de I+D+i. (véase eficiencia dinámica). Así mismo hay que señalar que los nuevos conocimientos tienen un componente de bien público ya que una vez descubierto un nuevo producto o proceso éste puede ser fácilmente copiado, por lo que a menos que institucionalmente se conceda al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva de lo inventado (véase patentes), el incentivo a la invención se verá seriamente reducido. La importancia del marco institucional favorable al progreso técnico resulta evidente cuando se comprueba como la historia de la humanidad está llena de avances tecnológicos que tuvieron que esperar mucho tiempo para revelar su potencial de crecimiento. En la actualidad, los países desarrollados cuentan con sistemas tecnológicos, I+D+i, que absorben entre el 2 y el 3 % del PIB habiéndose convertido la innovación en una parte rutinaria de la actividad productiva de las empresas, en especial de las grandes. Es importante señalar que alrededor de la mitad del gasto en I+D corresponde a gasto público, lo que se explica tanto por el alto nivel de incertidumbre relacionado con las actividades de I+D+i, como por la existencia de efectos externos, fruto de la incapacidad de las patentes para garantizar totalmente el uso exclusivo de las innovaciones por parte de las empresas que la realizan, así como por el efecto positivo que el aumento del conocimiento en un área de la actividad económica puede tener sobre otras áreas conexas.

Desde una aproximación microeconómica el cambio técnico se clasifica en incorporado y desincorporado, siendo el primero aquel que se materializa en nuevas máquinas y bienes o servicios y el desincorporado aquel que afecta de forma simultánea al conjunto de los factores de producción (véase productividad total de los factores). En lo que se refiere a esta última cuestión, es habitual distinguir entre progreso técnico neutral, ahorrador de capital y ahorrador de trabajo, atendiendo al impacto que la nueva tecnología tenga sobre la relación capital trabajo (en ausencia de cambios en los precios de los factores). El progreso técnico será neutral cuando afecte en la misma medida a la productividad del trabajo y del capital, dejando por lo tanto invariable después de la adopción del cambio técnico la relación capital trabajo de la economía. Por el contrario el progreso técnico no será neutral si afecta con distinta intensidad a la productividad del trabajo y del capital. Se llama ahorrador de trabajo al progreso técnico que aumente diferencialmente la productividad del trabajo, y se llama ahorrador de capital al progreso técnico que favorece relativamente la productividad del capital. No obstante, el tipo de progreso técnico que se produzca vendrá frecuentemente, aunque no sólo, determinado por los cambios que se produzcan en los mercados de factores. Así, cuando el factor trabajo se encarezca con respecto al capital será de esperar que los esfuerzos de desarrollo tecnológico se dirijan a la creación de nuevas formas de producir que ahorren del factor ahora más caro, en este caso el trabajo, intensificándose la utilización del capital en los procesos productivos. Por el contrario, en aquellos países con abundancia de mano de obra y salarios bajos, las tecnologías desarrolladas tenderán a tener un sesgo favorable a la utilización de ese factor. El crecimiento tendencial de los salarios asociado al crecimiento económico explicaría, a la vez que también es explicado por, la mayor intensidad de capital de las tecnologías ahorradoras de trabajo desarrolladas en estos países de renta alta con respecto a las vigentes en otras partes del mundo con menor nivel de renta.

Capacidad productiva ociosa ​

véase utilización del capital

Capital ​

capital es cualquier “bien” que una vez producido es capaz de generar un flujo de renta en periodos futuros. En su acepción más tradicional el capital por excelencia es el capital físico, las máquinas, que habiendo sido producidas por otras máquinas y mano de obra, son capaces a su vez de producir bienes o servicios. Como tal, capital y trabajo son los factores esenciales de la actividad económica y el crecimiento. De hecho una de las diferencias principales entre países desarrollados y menos desarrollados es la distinta dotación de capital que hay en sus economías, con mayor dotación en los países más avanzados. Esta constatación llevó a pensar que el desarrollo era tan sólo una cuestión de acumulación de capital, que bastaría con incrementar éste mediante un aumento de la inversión para generar crecimiento económico. Con el paso del tiempo y tras muchas experiencias frustradas se ha comprobado que el capital, por si sólo, no genera crecimiento, siendo necesario que se de una combinación más difícil de alcanzar de capital, iniciativa empresarial, incentivos, buen gobierno, capital humano, etcétera. En todo caso, en términos generales sí se puede decir que aquellas tecnologías más intensivas en capital están asociadas con mayores niveles de productividad. En la actualidad junto con el capital físico existe, cada vez con más importancia, un capital intangible, que consiste en la capacidad de desarrollar una idea o concepto. Así hay empresas que no disponen de maquinaria, y simplemente subcontratan la producción a otras empresas a lo largo del mundo (Nike es una de ellas, con más de 900 subcontratistas), limitándose a idear, desarrollar y distribuir sus productos, sin fabricarlos directamente. La importancia que está cobrando este tipo de “capital” exige revisar muchos de los planteamientos tradicionales de la economía, entre ellos el sistema de calcular el valor de las empresas.

La acepción de capital como aquello, ya sea físico, conocimientos (véase capital humano) o ideas, que sirve para producir, es distinta de la acepción vulgar del término, que asocia el capital con la posesión de una cantidad de dinero. En ese caso estaríamos hablando de otro tipo de capital, el capital financiero, con un papel muy distinto en el proceso productivo, ya que éste no participa directamente en el proceso de creación de renta, sino sólo a través de su conversión en capital físico, humano o intangible: esto es, cuando una empresa pide un crédito para realizar una inversión y ampliar su capacidad productiva. Una parte nada desdeñable del capital financiero, sin embargo, no se dedica a estos menesteres y se concentra en la especulación con acciones, divisas u otro tipo de activos financieros ya existentes en el mercado (véase bolsa), y que por lo tanto no dan lugar a nueva inversión.

Aunque como se ha visto, desde el punto de vista de la producción el capital físico (un conjunto de maquinaria) es distinto del capital financiero (una suma de dinero), frecuentemente el análisis económico utiliza las dos formas de capital de manera intercambiable, es decir como si el valor monetario del capital, o capital financiero midiese la cantidad de capital que se está utilizando en una economía o en sus distintos sectores. En efecto, la remuneración del capital son los beneficios, mientras que al cociente entre éstos y el stock de capital usado para producirlos se denomina tipo de beneficio, r. El tipo de beneficio por lo tanto se puede entender como la remuneración por unidad de capital que hay que pagar a sus propietarios por el hecho de que éstos permitan que se utilice en la producción de bienes y servicios, de modo que el valor del capital sería igual al producto del tipo de beneficio por la cantidad de capital utilizado (r.K), donde K sería un indicador de la cantidad de capital. Sin embargo este proceder esconde el hecho de que el capital no existe de forma abstracta, sino incorporado en formas concretas aptas para producir sólo determinado tipo de bienes. Este hecho cobra especial trascendencia cuando se procede a medir el capital.

En efecto, como se ha dicho, el valor del capital sería el producto de la cantidad de capital por su valor unitario que, según el análisis neoclásico, coincidiría con el valor de su productividad marginal, esto es lo que aporta a la producción una unidad adicional de capital. Ahora bien, para así proceder es necesario saber previamente cuántas unidades de capital físico se están utilizando. Ello no plantearía ningún problema si el capital fuese homogéneo, es decir, si éste fuera un objeto maleable que pudiera adoptar cualquier forma específica de bien de capital, algo así como la “plastilina”, que se pudiese medir en unidades físicas idénticas, por ejemplo en kilos. Si ello fuera posible, la cantidad de capital se mediría de forma similar a como se mide el trabajo, para lo que se utiliza una unidad física común, las horas de trabajo, y donde las diferencias de cualificación se reducen a unidades homogéneas, de modo que, por ejemplo, una hora de trabajo cualificado equivalga a cinco horas de trabajo no cualificado.

El problema con el capital es que está compuesto, como se ha señalado, de objetos heterogéneos, no siendo posible reducirlos a una unidad física común a la hora de agregarlos (piénsese en la imposibilidad de sumar ordenadores y azadas). La forma tradicional de resolver este problema y poder sumar objetos heterogéneos es multiplicar cada bien de capital por su precio, agregando los resultados así medidos de forma que, al final, se alcance una medida del capital expresada en valores monetarios. El problema de carácter lógico que ello supone es que la teoría explícitamente establece que para conocer el precio de un factor es necesario conocer cuanta cantidad del mismo se está utilizando, por lo que entraríamos en un círculo vicioso: para conocer el valor del stock de capital sería necesario conocer los precios de cada uno de los objetos de capital, pero para conocer estos precios es necesario contar con una medida de cuánto capital se dispone. Esta cuestión dio origen a un complejo debate en la década de 1960 y 1970 conocido como la “controversia del capital”. El resultado de esta controversia es que no existe una medida de la cantidad de capital, en términos de un valor agregado de la misma, que sea independiente de la distribución de la renta. Es decir, que no es que la cantidad de capital determine el valor del capital y correspondientemente la parte de la renta que va a sus propietarios, si no que es la distribución de la renta, fruto de consideraciones de carácter sociológico o político (la lucha distributiva) la que determina el valor de la cantidad de capital que se tiene.

Un sencillo ejemplo construído a partir de los trabajos de Piero Sraffa (1898-1983) nos ayudará a entender esta cuestión. Supongamos una economía simplificada en la que sólo se producen dos bienes: trigo, T, y hierro, H, con arreglo a la siguiente tabla input-output:

Como vemos, se trata de una economía con excedente económico puesto que la producción final de bienes supera a la de los inputs utilizados (175 Tn. de trigo y 5 Tn. de hierro). Para que el proceso productivo pueda reproducirse y esté en condiciones de equilibrio es necesario que los precios de los diferentes inputs, PH y PT, el salario, w, y el tipo de beneficio sobre el capital, r, (en este caso los inputs de trigo y hierro utilizados en ambas líneas de producción) guarden determinadas proporciones. En concreto deben satisfacerse las siguientes ecuaciones:

(280PT + 120 PH) (1+r) + 20w = 575 PT
(8PT + 120 PH) (1+r) + 10w = 25 PH

donde PH y PT son los precios del hierro y el trigo respectivamente. Si por ejemplo se toma como unidad de medida, o numerario en el que se expresan todos los precios, el precio del del trigo, de forma que PT sea igual a 1, el sistema se convierte en un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas (PH, r y w). Lo que significa que no tiene una solución determinada a menos que una de las variables quede definida exógenamente. Dando por ejemplo un valor concreto al salario, que podría ser el salario de subsistencia, el sistema admite solución: habría un precio del hierro, PH, y del tipo de beneficio, r, que serían congruentes con las condiciones de producción y equilibrio del sistema. Obsérvese, sin embargo, que cada distinto posible valor del salario daría lugar a soluciones diferentes para los otros precios. Correspondientemente, el valor del capital usado en cada sector (280PT + 120 PH) para el caso de la producción de trigo y (8PT + 120PH) para el de hierro, no es independiente del valor de r o w, es decir de cómo se distribuya el valor del excedente generado. Ello significa que las mismas cantidades de capital físico (trigo y hierro) utilizadas en los dos sectores tendrán valores distintos para diferentes valores de w o de r. No hay por lo tanto ninguna medida única de la cantidad de capital independiente de la distribución de la renta. Para unos valores de w o de r el sector de producción de trigo será más intensivo en capital que el de producción de hierro, en tanto que, para otros, sucederá a la inversa. Hablar por tanto de que un sector (por ejemplo, el de producción de hierro) es más intensivo en capital que otro, o que utiliza una relación capital trabajo más elevada no tiene sentido si no se dice que ello depende de los valores de w o de r. En este contexto, incluso sería posible encontrar circunstancias en las que, de modo contrario a lo que predice el análisis neoclásico, incrementos en el valor del capital vayan asociados a aumentos de r, proceso conocido como “reswitching de técnicas”, esto es, que incrementos en el rendimiento del capital estén asociados con procesos de producción más intensivos en capital, resultado éste en absoluta discordancia con la ley de la productividad marginal decreciente que señala que. caeteris paribus, la acumulación de capital va inexorablemente unida a una caída de su productividad marginal.

Capital humano ​

término que hace referencia al conjunto de conocimientos que tienen los trabajadores con efecto sobre su capacidad de producir (productividad). Una vez considerado el conocimiento como capital, el paso lógico a dar es considerar la educación como inversión, sujeta a los mismos criterios que cualquier otro tipo de inversión. Así, para la escuela del capital humano, liderada por el Nobel de Economía de 1992 Gary Becker, los individuos invertirán en educación cuando su rentabilidad, medida como la diferencia entre el salario de los trabajadores con más y menos educación, sea superior a los costes de la misma, considerando entre éstos el coste de oportunidad de estudiar, que incluiría el salario que se deja de obtener por estudiar en vez de trabajar. Desde esta aproximación, la educación –tanto formal como en el trabajo- aumentaría la productividad de los trabajadores, lo que explicaría la existencia de diferencias salariales. El análisis de Becker tiene implicaciones importantes en términos que quién financia la educación, ya que si son los individuos los que se apropian de los beneficios de la educación, su financiación pública sólo se explicaría por la existencia de externalidades: los individuos no se pueden apropiar de todos los beneficios derivados de su inversión en educación, o por cuestiones de igualdad de oportunidades. Por otra parte, en lo que se refiere a la educación por parte de la empresa o on the job training, ésta sólo debería financiar la educación específica al puesto de trabajo desarrollado por el trabajador en la empresa, que no tendría valor fuera de ésta, pero no la general, que aumentaría el capital humano del trabajador para las demás empresas, aumentando por lo tanto también el riesgo de que éste deje el trabajo, perdiendo la empresa la inversión en educación realizada. Esta circunstancia explicaría la existencia de contratos a largo plazo con fuertes penalizaciones para el trabajador en el caso de abandono de la empresa cuando ésta realiza grandes inversiones en capital humano general del que se beneficiaría el trabajador si cambiara de empresa, por ejemplo, los pilotos de aviones en el ejército (véase salarios).

Esta visión de la educación se enfrenta a críticas, tanto por la no consideración de otras motivaciones distintas de la crematística a la hora de decidir el tipo de educación a seguir, como por la posibilidad de que la educación sea un filtro del que se valen las empresas a la hora de contratar personal, sin que exista necesariamente una relación con las diferencias en productividad de los individuos. Desde esta aproximación los individuos, al invertir en educación, estarían adquiriendo una señal que les permitiría acceder al mercado de trabajo de forma ventajosa, posibilitándoles diferenciarse de los demás.

Capital social ​

conjunto de organizaciones sociales, vínculos afectivos de confianza o profesionales, redes y normas sociales que facilitan la coordinación y la cooperación en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el económico. Desde el momento en que la actividad económica no se da en el vacío sino en un contexto social, es razonable pensar que el grado de vertebración de la sociedad, la existencia de vínculos entre sus miembros, y su conocimiento y nivel de confianza mutuo repercutirán positivamente en ésta. Todo este conjunto disperso de elementos, recogidos bajo la denominación de capital social, actuaría como un factor más en el proceso productivo, potenciando el impacto de otros inputs, como el capital físico y el humano, sobre la producción. El capital social tendría así un papel relevante a la hora de explicar el crecimiento económico, aunque su efecto no se limitaría a éste, ya que también contribuiría directamente al bienestar al dotar a las personas de una sensación de pertenencia y comunidad.

De entre las distintas clasificaciones de capital social es útil distinguir entre lo que en terminología inglesa de denomina bonding social capital, de bond, unir, y bridging social capital, de bridge, puente. El primero, o capital social integrador, haría referencia a los distintos vínculos de unión entre personas, ya sea por su pertenencia a la misma familia, ONG, vecindario o barrio. Vínculo que puede actuar como red de seguridad en situaciones de necesidad. Por su parte, el capital social “puente”, haría referencia a la existencia de redes relacionales que permiten a los individuos trascender su entorno más inmediato y acceder a otros entornos sociales o económicos. Los contactos en empresas o en países extranjeros serían ejemplo de este tipo de capital social que facilitan encontrar un trabajo o emigrar a al extranjero en su búsqueda serían en ambos casos manifestaciones de este tipo de capital social en funcionamiento. Algunos colectivos, como los pobres, normalmente tienen un alto stock de capital social del primer tipo, lo que posibilita su supervivencia en condiciones muy precarias, pero muy poco capital social del segundo tipo, lo que dificulta su promoción socioeconómica.

Capitalismo ​

véase economía de mercado

cartel ​

acuerdo entre empresas para controlar el precio mediante la determinación conjunta de la oferta (véase oligopolio de oferta). El ejemplo más famoso de cartel es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que en los años 70 y 80 consiguió fuertes aumentos del precio del petróleo controlando la oferta mediante la limitación de la producción de los países miembros. El sistema de organización más común es: (1) se determina cuál es el precio que se quiere conseguir por el bien -en el caso de la OPEP el petróleo- (2) se calcula cuál es la oferta del bien que arrojaría en el mercado un precio igual al elegido y se ajusta la producción total de forma que ésta sea compatible con dicho precio, (3) se distribuye la producción entre los países miembros, de forma que mientras que éstos limiten su producción a la cuota establecida se mantiene el precio deseado (véase colusión).

Ciclo económico ​

la actividad económica está sujeta a cambios en su intensidad, pasando por momentos de auge y situaciones de recesión. Cuando estas fluctuaciones de actividad siguen una pauta temporal más o menos regular en torno a la tendencia de crecimiento a largo plazo, entonces se habla de ciclos económicos. Es tradicional descomponer el ciclo en cuatro fases, tomando como punto de referencia el valor medio de la variable cuyo comportamiento cíclico se pretende medir: una fase de auge hasta alcanzar un valor máximo, una fase de recesión que se manifestaría en una caída desde el valor máximo hasta el valor medio, la depresión, que recogería la fase de caída desde la media hasta el punto de valor más bajo, y la recuperación que sería el proceso de vuelta hasta alcanzar los valores medios.

Desde un punto de vista empírico se pueden clasificar los ciclos según su duración. Así, en el extremo inferior estarían los ciclos estacionales, de duración inferior a un año, y que se explican normalmente por el comportamiento estacional de la demanda –piénsese en la demanda de aparatos de aire acondicionado y ventiladores, por ejemplo-, el extremo opuesto lo ocuparían los llamados ciclos de Kondratiev, los ciclos más largos -tan largos que muchos economistas dudan de su existencia- de origen tecnológico y que abarcarían alrededor de medio siglo. Entre ambos extremos se han identificado, y bautizado, ciclos de tres años (los ciclos de Kitchin), los más estudiados de entre siete y diez años (ciclos de Juglar), y de 15-20 años (ciclos de Kuznets). No sólo existen ciclos de muy distinta duración, sino que éstos difícilmente mostrarán unas características idénticas: cada ciclo es distinto a los demás, lo que ha llevado a muchos autores a dudar de la utilidad del concepto de ciclo y optar por hablar en su lugar de fluctuaciones de la actividad económica. Al igual que la duración de los ciclos es distinta, también puede serlo su naturaleza. En el siglo XIX, la variable que mostraba un comportamiento más cíclico eran los precios, mientras que la producción estaba sujeta a unas oscilaciones mucho menores. Sin embargo, con el cambio de siglo, los precios pasaron a mostrar un comportamiento mucho más estable, en el sentido de ser mucho menos corrientes las deflaciones, mientras que la producción pasó a mostrar un comportamiento cíclico más claro. Cuando se considera conjuntamente la evolución de la producción a corto o medio plazo con la tendencia o el ciclo a más largo plazo, se habla entonces de ciclos de crecimiento, en donde las fases expansivas caracterizadas por el rápido crecimiento se alternan con fases contractivas de crecimiento más lento, que no tiene porqué ser negativo o nulo. En todo caso, la observación de los ciclos de la tasa de crecimiento del PIB a lo largo del siglo pasado pone de manifiesto su mayor intensidad en la primera parte, y la reducción de su amplitud coincidiendo con la puesta en marcha de las políticas contracíciclas keynesianas y la construcción del Estado de Bienestar a partir de la década de 1950.

Los primeros intentos de desentrañar la causa y funcionamiento interno de los ciclos, a finales del siglo XIX, se caracterizan por buscar en variables exógenas a la economía el elemento explicativo de los mismos. Tal punto de vista, que ha dominado la teoría de los ciclos, es congruente con una visión del sistema económico que acentúa sus características de estabilidad (véase equilibrio general), pero sometido a un bombardeo continuo de shocks o acontecimientos externos. Los modelos de ciclos se diferenciarían entonces por el tipo de “modelo de impulso” o shock externo y por el tipo de “modelo de propagación” que se supone que es capaz de transformar los shocks en una perturbación cíclica en toda una económica. Así, Stanley Jevons (1835-1882), uno de los padres de la microeconomía neoclásica, asociaba los ciclos económicos con las manchas solares y sus efectos sobre la producción agrícola, de forma similar a Henry L. Moore (1869- 1958), que consideraba que es la existencia de ciclos de lluvia de ocho años, y su impacto sobre la producción lo que subyace a los ciclos económicos. Con posterioridad se plantearon multitud de teorías en las que los shocks generadores de los ciclos se situaban dentro del ámbito de la economía y el comportamiento de los agentes económicos, aunque manteniendo la condición de exogeneidad de la variable que desataba el ciclo: aumentos de la liquidez (Hawtrey o Hansen), cambios en las expectativas (Pigou), cambios tecnológicos (Tugan-Baranovsky) o institucionales (Vogel) aparecen como candidatos a causa prima de la perturbación que desataría el ciclo. Pero la asociación de los ciclos con una causa externa, exige también que la variable que desata el ciclo empujando a la economía a una sucesión de auge y depresión tenga a su vez un comportamiento cíclico, algo ausente en la mayoría de las propuestas teóricas planteadas.

Existe una tan amplia variedad de teorías de los ciclos económicos que resulta inviable realizar una aproximación siquiera parcial a las mismas. El único modo de proceder consiste en agregar esa diversidad en grupos de teorías que comparten algunos elementos comunes. Recogemos a continuación algunos elementos centrales de cuatro grandes grupos de teorías, dentro de las cuales se enmarcarían la mayoría de teorías explicativas existentes. El primer grupo de teorías sitúa en factores de tipo monetario la causa del comportamiento cíclico de la economía. Estas teorías del ciclo monetario consideran que la fijación de un tipo de interés artificialmente bajo respecto al tipo de interés “natural” asociado a la productividad del capital, generará un aumento de la inversión y de la producción hasta que se agoten las posibilidades de crédito de los bancos y estos procedan a aumentar el tipo de interés, lo que provocará una caída en la demanda y un aumento de la desocupación. Dentro de este grupo merece la pena destacar la interpretación de la escuela austriaca para la cual el ciclo no es algo inherente al funcionamiento de una economía de mercado autoregulada, sino más bien el fruto de la intervención en la oferta monetaria. Para Friedrich August von Hayek, (1889-1992), uno de sus máximos exponentes, la expansión del crédito consecuencia de un tipo de interés artificialmente bajo, y el consiguiente aumento de la demanda de bienes de consumo, generará un aumento del precio de los bienes y de los beneficios de las empresas, cambios que provocarán una reducción de los salarios reales y un aumento de la inversión. La caída de los salario, a su vez, hará que la inversión se dirija hacia tecnologías intensivas en trabajo debido a su menor coste, de forma que el sector de producción de bienes de capital (maquinaria) se verá simultáneamente sujeto a dos fuerza opuestas: por un lado la que surge del aumento de su demanda, al haber más inversión, y por otro la que la disminuye al ser la inversión cada vez más intensiva en trabajo. A partir de un cierto momento, para Hayeck primará el segundo de los factores, con lo que se producirá una caída en la producción del sector y el correspondiente aumento del desempleo que marcará el inicio de la fase depresiva del ciclo.

Desde una aproximación alternativa, de corte keynesiano, hay todo un grupo de teorías en las que juega un papel central la interacción del acelerador y el multiplicador, de modo que los ciclos serían el resultado más o menos inmediato de la respuesta de la inversión ante un aumento de la renta. Un aumento de la renta, por cualesquiera razones, provocará mediante la mecánica conocida como acelerador un aumento de la inversión (con la que las empresas pretenden dotarse de capacidad productiva con la que hacer frente al aumento de demanda asociado al aumento de la renta), lo que a su vez repercutirá, por el efecto multiplicador, en un aumento mayor de la demanda y producción y correspondientemente de la inversión. Este proceso continúa hasta que se alcanza la plena ocupación de la capacidad instalada, momento en el que se frenará el crecimiento. Esta caída en el crecimiento tendrá, a su vez, una repercusión a la baja en la inversión, que repercutirá en la demanda –también a la baja- provocando la recesión.

En tercer lugar, están las llamadas teorías del ciclo real, desarrolladas a partir de los trabajos realizados en la década de 1980 por los premios Nobel de Economía de 2004, Edward C. Prescott y Finn E. Kydlan, que supone una ruptura radical con las teorías anteriores al plantear que detrás de los ciclos se encuentra el comportamiento del cambio técnico y la adaptación de los trabajadores ante tales cambios. De este modo, si por cualquier razón se produce una reducción en el ritmo de cambio técnico, la productividad del trabajo caerá y con ella los salarios, situación ante la cual los trabajadores responderán reduciendo su oferta de trabajo. Esta caída en la oferta de trabajo provocará a su vez la reducción de la producción. Alternativamente, la aceleración del cambio técnico provocará un aumento de la productividad y el correspondiente aumento del salario, al que los trabajadores responderán aumentando su oferta de trabajo, con lo que aumentará la producción. Según esta interpretación, los ciclos estarían provocados por la respuesta óptima de los trabajadores a las fluctuaciones de sus salarios derivadas del distinto ritmo de cambio técnico: los trabajadores aumentarán su demanda de ocio cuando los salarios sean más bajos e incrementaran por contra su oferta de trabajo cuando éstos sean más altos. Como se puede apreciar, esta interpretación hace innecesarias todas las costosas intervenciones anticíclicas realizadas por el sector público con la intención de combatir las fluctuaciones económicas, ya que éstas serían tan sólo el resultado de la respuesta óptima de los trabajadores ante cambios en los salarios derivados de shocks tecnológicos externos. Como señala Larry H. Summers, si esta teoría fuera correcta ello sería equivalente a arrojar a la macroeconomía desarrollada a partir de la revolución keynesiana a la papelera de la historia. No parece sin embargo, que los grandes niveles de desempleo alcanzados en muchos países en las fases depresivas del ciclo se puedan explicar fácilmente como desempleo voluntario fruto de una masiva opción por parte de los trabajadores a favor de más tiempo de ocio. De igual forma, el modelo tampoco explica satisfactoriamente las causas detrás de los shocks tecnológicos que supuestamente son los que desatarían todo el proceso de ajuste. De hecho, la caída en la productividad que se produce en las fases depresivas del ciclo se puede explicar alternativamente más que como un shock exógeno, como la respuesta de las empresas ante la caída de su demanda y su política de no repercutir totalmente esa caída en reducción del empleo. En conjunto, no faltan autores que consideran que esta teoría no es si no un intento de cerrar uno de los problemas teóricos que restaban solidez a la nueva economía clásica, haciendo compatible la existencia de ciclos económicos con los modelos en donde prima el vaciamiento de mercado. En cuarto lugar se puede hablar de un conjunto de aproximaciones al comportamiento cíclico que se inspiran en dinámicas relacionadas con la economía marxista. Con arreglo a este enfoque, en el que el ciclo se genera de forma endógena en el propio sistema económico, la lucha de clases en el terreno de la distribución de la renta sería el motor del comportamiento cíclico con arreglo al siguiente esquema: unos salarios elevados en circunstancias cercanas al pleno empleo se traducirían en una menor tasa de beneficios, lo que a su vez llevaría a una menor tasa de inversión y a la caída consiguiente en la tasa de crecimiento (fase contractiva). El consiguiente aumento en el desempleo moderaría los salarios, lo que haría crecer la participación de los beneficios en la renta, estimulando el crecimiento de la inversión, la tasa de crecimiento y el empleo. Esta fase expansiva acabaría conforme, al acercarse al pleno empleo, los salarios volviesen a crecer, comenzando de nuevo la fase contractiva.

Es característico de todas las teorías del ciclo reseñadas y otras muchas que no se han recogido en estas páginas su naturaleza mecánica, en el sentido de su alternancia regular; es decir que dada una causa o motor del ciclo, éste se desenvuelve en una sucesión automática y regular de fases alcistas y bajistas en forma de una serie de ondas que, dependiendo de los parámetros usados en las ecuaciones que describen los modelos, se repetirían ya sea con la misma amplitud, con una amplitud creciente (en cuyo caso tendríamos un ciclo divergente que se alejaría cada vez más del “equilibrio”) o decreciente (en que el ciclo se iría convergente acercándose a un nuevo “equilibrio” a expensas de que apareciera una nueva “causa” o shock generador del ciclo). Los ciclos así obtenidos tendrían una regularidad tal que permitiría la predicción de su evolución y su control por parte de las autoridades económicas. Sin embargo, como se ha señalado previamente, en la realidad económica los ciclos se caracterizan por su irregularidad tanto en duración como en amplitud y su comportamiento muy imprevisible: el saber la posición del ciclo en la que una economía se encuentra en un momento dado no garantiza poder predecir automáticamente donde se encontrará en periodos futuros, por lo que la posibilidad de control se ve notablemente reducida. En consecuencia, como señaló Milton Friedman en 1955, la actuación contracíclica de las autoridades económicas podría tanto acentuar las fluctuaciones como atenuarlas. Incluso, a tenor del retardo en la recogida y manipulación de la información económica pertinente, bien pudiera ser que la actuación pública fuese en buena parte de los casos contraproducente: haciendo una política contractiva cuando la economía ya hubiese entrado realmente en la fase recesiva, o haciendo una tardía política expansiva, cuando la economía ya se hubiese recuperado.

A la hora de dar cuenta de las irregularidades de los ciclos de la economía real los modelos de ciclo se ven obligados a incorporar variables exógenas de una forma ad-hoc que den cuenta de las mismas. Así, Ragnar Frisch (1895-1973), premio Nobel de Economia de 1969, propuso como forma de salir de la dificultad, que si bien el ciclo generado por un shock exógeno genera un ciclo regular (como sucede con las ondas que genera una piedra que cae en un estanque), la acumulación de shocks exógenos da origen a ciclos irregulares (como sucede con las ondas que se producen cuando son muchas las piedras que caen al estanque). El objetivo del análisis sería por tanto conseguir separar qué elementos intervinientes en la generación de ciclos que se agregan en el ciclo general son más o menos aleatorios o circunstanciales de aquellos más permanentes o estructurales, de modo que la irregularidad observada en el ciclo no impidiera la predicción estadística de su devenir, lo que posibilitaría una política anticíclica relativamente eficaz. Ello ha dado origen a toda una industria econométrica que ha producido una enorme cantidad de modelos estocásticos de ciclos con, por decirlo caritativamente, tasas de acierto en las predicciones que no son para echar las campanas al vuelo una vez que se pasa del muy corto plazo.

Por otro lado, las últimas aportaciones a la teoría del ciclo pretenden resolver la cuestión de la irregularidad haciendo uso de la nueva matemática de las dinámicas no lineales o caóticas. En ellas, el comportamiento de los agentes económicos, ya sean consumidores o inversores, depende de modo directo del comportamiento de los demás (véase economías de red), dando lugar a interacciones de tipo no lineal. En este contexto, pequeños cambios de comportamiento se amplifican provocando fácilmente perturbaciones cuyo desenvolvimiento cíclico es irregular e impredecible fruto de la característica de dependencia de las condiciones iniciales que definen este tipo de dinámicas: una pequeña variación en esas condiciones iniciales se amplifica de de modo más que proporcional en cuanto a sus efectos. Finalmente, es necesario destacar que una teoría de ciclos es en sí incompleta a la hora de explicar el entero comportamiento dinámico de una economía a menos que incluya a la vez una explicación de la tendencia en torno a la que el ciclo se mueve.

ciclo económico político ​

En el supuesto de que los votantes tengan en cuenta a la hora de votar la situación económica, los gobiernos pueden verse tentados a poner en marcha medidas expansivas de política fiscal antes de las elecciones (reducción de impuestos y/o aumento de transferencias y otro tipo de gasto público) con la finalidad de ganar adeptos entre los votantes (véase elección colectiva). De igual forma, existirían incentivos para posponer cualquier medida contractiva (reducción de gasto o aumento del tipo de interés) hasta después de las elecciones para no “espantar” a los posibles votantes. Si esto fuera así, sería posible identificar un ciclo de gasto público según el cual las medidas expansivas se concentraran justo antes de los periodos electorales, mientras que las medidas contractivas se aplicarían tras éstos. Este fenómeno se conoce como ciclo económico político, en cuanto que sería la política la que marcaría o reforzaría el ciclo económico. Esta narrativa, que de forma anecdótica puede contrastar el lector fijándose en el apretado calendario de inauguraciones de obras públicas que suele preceder a las elecciones de distinto ámbito, y que cuenta con cierta (aunque no abrumadora) confirmación empírica, entraría en contradicción, sin embargo, con el supuesto de agente económico racional –que por serlo no se dejaría “engañar” por el calendario de las actuaciones de política económica- y con el supuesto de expectativas racionales, que llevaría al votante a anticipar que antes o después va a tener que pagar por ese aumento del gasto.

Ciclo vital ​

teoría aproximación que defiende la conveniencia de estudiar las decisiones de consumo y ahorro de los individuos desde una visión a largo plazo que comprenda toda su vida. Este enfoque parte de la constatación de que los ingresos de las personas son más bajos al comienzo de su vida activa y tras su jubilación, y mayores en los periodos centrales de su vida de trabajo. Si los individuos tienen, como se defiende, preferencia por cierta estabilidad en su consumo a lo largo de la vida, para conseguirlo procederán a endeudarse en los primeros años de vida laboral, ahorrarán en sus años centrales y desahorrarán tras su jubilación, manteniendo así un patrón de consumo relativamente homogéneo a lo largo de su vida. Desde esta aproximación, el perfil de edad de la población es una variable decisiva a la hora de conocer el comportamiento del consumo y ahorro, ya que la población de mayor edad tendrá una tasa de ahorro inferior (o negativa) con respecto a aquella de edad mediana. Esta teoría se enfrenta a varios problemas, entre los que destaca por un lado la tendencia de raíz cultural al ahorro de las personas mayores, en parte con la intención de dejar una herencia, y en parte por precaución o costumbre, y por otra, la incertidumbre con respecto al futuro, tanto en lo que se refiere a la esperanza de vida como al perfil de ingresos, que hace difícil que los individuos planifiquen de forma adecuada su comportamiento temporal de ahorro y consumo.

Coase ​

Teorema de en presencia de externalidades los costes y/o beneficios privados difieren de los sociales, por lo que dado que los individuos al actuar sólo tienen en cuenta los primeros, ello parecería implicar que por sí solos los mercados no podrían alcanzar la eficiencia económica. Así, por ejemplo, a la hora de decidir usar su propio coche cada individuo tiene en cuenta el precio de la gasolina, el desgaste del vehículo, el precio implícito de su tiempo, etc., pero no tiene en cuenta la contaminación acústica, la polución atmosférica, y los costes para los demás en términos de tiempo perdido en atascos que cada individuo genera con su uso del coche. Muchas de las instituciones y convenciones sociales que regulan los comportamientos privados (las normas de buena educación, la honradez, la preocupación por el qué dirán...) tienen su justificación en el intento de evitar aquellos comportamientos con costes sociales más elevados favoreciendo por contra otros donde los beneficios sociales son claros. Sin embargo, en muchos casos esa aproximación indirecta al problema de las externalidades no es suficiente, de forma que parece que es necesario que una fuerza externa a los individuos –la autoridad estatal- fuerce a los individuos a “internalizar” en su comportamiento esos otros costes y/o beneficios sociales que sus actividades generan.

Frente a este punto de vista, Ronald H. Coase, premio Nobel de Economía de 1991, señaló que bajo determinadas circunstancias esa intervención estatal en la economía está de más, de modo que: (a) si los derechos de propiedad están perfecta y claramente definidos (de forma que se sepa con precisión el tipo de uso al que está autorizado cada agente), (b) si los efectos renta son despreciables, y (c) si los costes de transacción o de negociación son de escasa entidad; la libre negociación entre las partes tendrá como resultado la internalización de la externalidad que hubiera entre ellas, alcanzándose un resultado eficiente que sería independiente de cómo estuvieran asignados los derechos de propiedad entre las partes. Resultado que se conoce como Teorema de Coase.

Por ejemplo, supongamos que una cervecería utiliza el agua de un río. Aguas arriba está localizada una fábrica de papel que vierte sus residuos en la corriente. Supongamos también que para depurar el agua lo suficiente para poder hacer cerveza, la cervecera tuviera que incurrir en unos costes de 1000 € mensualmente, en tanto que si la fábrica de papel limpiase sus vertidos sólo tendría que hacer frente a unos costes suplementarios de 500 € por mes para eliminar sus productos de desecho hasta el grado necesario para que la cervecera pudiese usar el agua sin ulterior depuración. En principio, parecería de sentido común que el resultado dependería de quién tuviese el derecho a usar el agua y en qué condiciones. Pero no es así. Veamos, si fuera la cervecera quien tuviera el derecho (de propiedad) a usar un agua lo suficientemente limpia para su uso productivo, ello significaría que la papelera motu propio acabaría utilizando un sistema adicional de limpieza, so pena de ser denunciada por la cervecera y obligada a sufragar sus costes de limpieza mensuales. Si, por el contrario, fuese la papelera quien tuviese el derecho (de propiedad) que le autorizase a ensuciar el agua cuanto quisiese, a la cervecera le interesaría pagarle al menos 500 € para que utilizase el sistema de limpieza. El resultado en términos de un agua lo suficientemente limpia para el uso de la cervecera sería pues el mismo independientemente de quién tuviese el derecho a usarla. El coste de evitar la contaminación (500 € mensuales) sería plenamente internalizado por la papelera en el primer caso y por la cervecera en el segundo. Este resultado tiene las siguientes implicaciones:

1. en primer lugar, hay que resaltar que la solución alcanzada no excluye que la papelera sigua contaminando. Pero ese nivel de contaminación sería, no obstante eficiente, pues para eliminar totalmente la contaminación habría que, o bien cerrar la fábrica de papel, o bien obligar a que la papelera utilizara unos sistemas de limpieza cuyos costes ninguna de las dos empresas estarían dispuestas a asumir. Obsérvese que los niveles de limpieza por encima de los conseguidos a un coste de 500 € no le valen de nada a la cervecera. Para los economistas pues, y por lo general, existen unos niveles óptimos de contaminación positivos.

2. la subida en los costes de producción por la internalización de los gastos de limpieza se refleja en mayor o menor grado en los precios que pagan o bien los compradores de papel o los de cerveza. Es decir, que son los usuarios finales (junto con los propietarios de los factores productivos) quienes han de pagar por la contaminación que su producción genera ya sea en precios más elevados y/o en niveles de producción más bajos.

3. el resultado alcanzado: la incorporación por parte de la papelera de un sistema de limpieza a un coste de 500 €, es más eficiente que el que la cervecera limpie el agua a un coste de 1000 €.

Obsérvese también que, en este caso, aunque ninguna de las dos empresas tuviera ningún derecho de propiedad privada sobre el agua (es decir, si el agua fuese de propiedad común), se alcanzaría el mismo resultado si los costes de negociación fueran nulos ya que la cervecera tendría todos los incentivos a pagarle a la papelera 500 € (y hasta un máximo de 1000 €) por su limpieza, puesto que el hecho de estar aguas arriba es equivalente -en este caso de propiedad común- a que la papelera tenga el derecho de propiedad. Este resultado acentúa la importancia del segundo de los requisitos necesarios para que se pueda aplicar el teorema de Coase. Sólo cuando los costes de transacción (los costes de negociación, información, vigilancia y cumplimiento de los acuerdos) son nulos, los agentes en sus negociaciones alcanzan la eficiencia paretiana.

Sin embargo, es muy probable que las partes no puedan negociar con éxito por, al menos, tres importantes razones: en primer lugar, sucede que si los costes de transacción son muy elevados, es posible que no merezca la pena que las dos partes implicadas negocien nada. Supóngase, por ejemplo, que en el caso anterior en vez de tratarse de una empresa cervecera la que está aguas abajo, fuese una pequeña ciudad de 1000 familias cada una de las cuales tuviera que gastar 1 € mensual en limpieza. Los costes de negociación con cada una de ellas puede que hiciesen inviable ningún tipo de acuerdo, o que se alcanzase un resultado subóptimo. Por ejemplo, es más que posible que los costes de negociación sean menos elevados para la empresa que para las familias aisladas

En segundo lugar, si las partes adoptan un comportamiento estratégico en la negociación es muy posible que no se pueda llegar a un acuerdo. En la negociación del ejemplo anterior, se tendría que a la papelera le interesaría “hinchar” sus gastos de limpieza si es ella quien tiene el derecho a usar como quiera el agua, pues recibiría una compensación por encima de sus gastos reales de limpieza, en tanto que es a la cervecera a quien le interesaría hacer lo mismo si es a ella a la que asiste el derecho. El resultado puede ser que si alguna de las partes “se pasa” en ese comportamiento estratégico, no se llegue a ningún acuerdo. Por ejemplo, si en el primer caso la papelera hincha sus gastos de limpieza hasta los 1001€, no habrá acuerdo, de forma que la limpieza correrá a cargo de la cervecera a un ineficiente coste de 1000€. En tercer lugar, si cualquiera de las partes carece de información acerca de los costes o beneficios sociales de la transacción es más que posible que no se alcance un resultado eficiente, pues simplemente no sabrían cuál es.

Finalmente, la aplicación del Teorema de Coase exige que los efectos renta sean despreciables pues si no lo son, entonces sucederá que la asignación de derechos de propiedad alterará el resultado final. La razón de ello es que la distribución de la renta depende de quién reciba los derechos de propiedad pues estos son siempre valiosos. Si esto a su vez altera la valoración que tiene una de las partes de lo que se intercambia, ello se traduce en que la asignación final dependerá de la asignación de derechos de propiedad, contrariamente a lo que afirma Coase. Por ejemplo, supongamos que en el caso anterior se “enfrentan” la papelera y los vecinos de un pueblo aguas abajo. La concesión del derecho a un agua limpia a estos últimos en aplicación del principio de que “quien contamina, paga”, aumentaría su renta y, paralelamente, también lo haría su valoración y demanda de un agua aún más limpia pues la preocupación por los asuntos ecológicos tiene las características de los bienes de lujo. Si, por el contrario, el derecho le fuese concedido a la papelera, de modo que los vecinos del pueblo pagasen a la papelera porque esta realizase la limpieza, los niveles de contaminación del agua tras la negociación serían indudablemente superiores que en el otro caso.

Cobb-Douglas ​

función la función Cobb-Douglas es una forma concreta de función de producción que responde a la siguiente expresión: Y = AL α K β , donde L representa el input de factor trabajo y K representa el input de factor capital. El valor concreto que tomen α y β tiene implicaciones importantes en lo que se refiere a la relación entre evolución de los inputs y comportamiento de la producción. Así, cuando su suma sea igual a la unidad el output crecerá al mismo ritmo que los inputs, si α +β es mayor que la unidad el output crecerá a un ritmo mayor de lo que lo hagan los inputs, mientras que si α y β es menor que la unidad ocurrirá lo contrario. Estaríamos así en presencia de una función de producción con rendimientos a escala constantes, crecientes o decrecientes respectivamente. Los parámetros α y β recogen, por otra parte, la elasticidad del producto respecto a la utilización de cada factor (trabajo y capital). Adicionalmente, se demuestra que en competencia perfecta α y β reflejarán respectivamente la participación de los salarios y los beneficios en la producción total.

coeficiente de caja ​

mecanismo utilizado por los bancos centrales para controlar la cantidad de oferta monetaria que consiste en la obligatoriedad de que los bancos depositen un porcentaje de los depósitos de sus clientes en el Banco Central. En la medida en que los bancos utilizan los fondos que tienen depositados para conceder préstamos aumentando así la oferta monetaria (multiplicador monetario), cuanto mayor sea el coeficiente de caja, c, menor será la capacidad de crear dinero por parte de los bancos. Así, en el caso extremo de que el coeficiente de caja fuera del 100% los bancos tendrían que respaldar cada unidad monetaria depositada por sus clientes con una unidad monetaria depositada por ellos en una cuenta del Banco Central, y por lo tanto la creación de dinero bancario sería nula. Por el contrario, si el coeficiente de caja es del 5 %, eso supone que por cada 100 unidades monetarias depositadas en un banco, éste dispone de 95 (las otras cinco se dedicarían a cumplir con el requisito impuesto por el coeficiente de caja y se depositarían en el Banco Central) para conceder créditos. Unos créditos que irán a parar en forma de depósitos a otros bancos y que generarán a su vez más dinero bancario ya que una vez cubierta las reservas obligatorias (95 x c.) el banco dispondrá del remanente para continuar con el proceso de creación de dinero) [95 – 95 x c = 95(1-c) ] y así sucesivamente.

Colusión ​

acuerdo entre empresas con la finalidad de reducir o evitar la competencia en el mercado en el que operan. Si el acuerdo colusivo tiene éxito el resultado será que las empresas operarán conjuntamente como un monopolio, reduciendo la producción con respecto a la que se alcanzaría en situación de competencia. Por ello la colusión es una práctica perseguida por las leyes de defensa de la competencia, que normalmente limitan la posibilidad de acuerdos entre empresas a aquellos campos, como la investigación y desarrollo, de los que se pueden derivar ventajas para los consumidores. Los acuerdos colusivos serán tanto más fáciles de alcanzar cuanto menor sea el número de empresas del sector y más parecido sea su tamaño y costes (lo que reduce los costes de negociación y control del cumplimiento del acuerdo). Una de las características de los acuerdos colusivos es su alta inestabilidad, ya que si bien las empresas tienen incentivos para alcanzar este tipo de acuerdos, puesto que menos competencia significa mayores beneficios, una vez conseguidos las empresas tienen razones para burlarlos, ya que si todas las empresas mantienen los precios y una empresa incumple el acuerdo y los baja, la empresa que haga trampas conseguirá, mientras el incumplimiento pase desapercibido para las demás, aumentar su cuota de mercado y sus beneficios. Ahora bien, como este incentivo es el mismo para todas las empresas un resultado final probable es que todas acaben haciendo trampas y se rompa el acuerdo. La colusión es la inestable solución cooperativa a un juego no cooperativo del tipo del dilema del prisionero.

A la hora de luchar contra los acuerdos colusivos las autoridades de defensa de la competencia se encuentran frecuentemente con la dificultad de probar que dichos acuerdos existen, ya que generalmente no hay pruebas materiales del mismo (las empresas no levantan acta de sus conspiraciones colusivas) y normalmente la mera coincidencia temporal en las políticas aplicadas por las empresas no se considera prueba suficiente, algo que ha llevado a muchos países a incentivar la delación garantizando la inmunidad o un trato especial a las empresas que denuncien la existencia de tales prácticas.

Comercio estratégico, política de ​

frente a la recomendación genérica del librecambio como la mejor política comercial, en los últimos tiempos se ha defendido el activismo estatal en los asuntos de comercio internacional basándose en la idea de que un país puede crear una ventaja comparativa a través de medidas como la protección arancelaria, las subvenciones y ayudas fiscales, o las políticas industriales, en sectores económicos que requieren niveles de producción muy elevados para alcanzar las economías de escala, dan lugar a amplias economías externas, son de alto riesgo o se caracterizan por ser mercados fuertemente oligopolizado en el ámbito mundial. Son estas las características típicas de los sectores de alta tecnología (semiconductores, ordenadores, telecomunicaciones, aviación, etc.), y son en este tipo de sectores donde se ha defendido el uso estratégico de la política estatal. El objetivo de esa política comercial intervencionista sería conseguir, gracias al fortalecimiento de esas actividades, generar amplias economías externas y aumentar las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Si bien las políticas de comercio estratégico pueden teóricamente reforzar la posición de un país en un mercado oligopolizado internacionalmente y sujeto a economías de escala ya que el apoyo a la industria nacional le permitiría a ésta vender a precios más bajos, aumentar su producción y beneficiarse de las economías de escala expulsando a los competidores de otros países, las dificultades de que ese éxito teórico se materialice en la práctica son muy fuertes. En primer lugar, resulta extremadamente difícil elegir a los ganadores a largo plazo, es decir, no es fácil decidir qué sectores serán aquellos que generarán en el futuro economías externas de dimensiones tan grandes como para justificar las medidas de apoyo en el presente. En segundo lugar, puesto que son muchos los países que a la vez intentan apoyar a sus sectores estratégicos, ello se traduce en que los esfuerzos de unos interfieren y anulan los de los otros, de modo que las ganancias potenciales para cada país se ven disminuidas en gran medida. En tercer lugar, si un país tiene éxito en su apoyo a un sector, ese éxito lo consigue a costa del fracaso y las pérdidas de otro u otros que tendrán así todo el incentivo en devolverle el golpe en otros sectores.

El MITI (Ministerio de Industria y Comercio Internacional del Japón) ha sido “acusado” de llevar a cabo una política de comercio estratégico en terrenos como el de los semiconductores en el que Japón ha desbancado a los Estados Unidos desde comienzos de la década de 1990. Sin embargo, a la hora de explicar ese éxito muchos economistas acentúan otros factores distintivos japoneses como el énfasis en la educación en matemáticas y ciencias, las tasas más elevadas de inversión y la perspectiva más a largo plazo de las empresas. Por otro lado, fracasos estrepitosos como el Concorde también ponen en duda la capacidad para llevar adelante una política comercial estratégica, por lo que incluso sus impulsores teóricos, en la práctica y dadas las dificultades para su implementación, acaban por defender el librecambio.